El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, junto a otros organismos, presentó una denuncia penal manifestando la “criminalización de la protesta” en la represión con gases lacrimógenos y balas de goma que sufrieron a manos de la policía los choferes de la línea de colectivos Este, quienes mantienen un conflicto con la patronal por despidos y otros reclamos laborales.

En una nota enviada a este medio, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos informa que pidió a la Justicia que se investigue la responsabilidad penal de quienes fueron responsables e intervinieron en el violento desalojo y represión que sufrieron los trabajadores mientras desarrollaban medidas de acción gremial, ya que “las fuerzas de seguridad actuaron de forma completamente abusiva e ilegal”, provocando lesiones y sometiendo a los 27 choferes a condiciones inhumanas de detención. La organización sostiene que la represión “es un claro ejemplo de la criminalización de los trabajadores que salen a luchar por sus derechos y contra el ajuste”.

A continuación, el comunicado completo enviado a este medio:

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos repudia enérgicamente la brutal represión desatada durante la tarde del 24 de octubre por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires con el apoyo de la policía local y la gendarmería, contra los choferes de la línea Este de colectivos que vienen luchando desde hace ya varios días por la reincorporación de diecisiete trabajadores, contra las suspensiones, por mejores condiciones de trabajo y el derecho elemental de elegir delegados democráticamente. 

Los trabajadores del transporte mantenían una medida de lucha hacía siete días, con retención de tareas en la cabecera de la línea ESTE y 520 (Nuevo Expreso). Estaban a la espera de la audiencia con Osmar Corbelli (dueño de la empresa) y la UTA programada en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó el desalojo de la terminal, el cual se llevó adelante de forma sorpresiva y violenta contra los trabajadores con el apoyo de las fuerzas de Vidal y de Garro que no escatimaron en disparar balas de goma a corta distancia y arrojar gases lacrimógenos.

Como resultado de la brutal represión 27 trabajadores fueron detenidos, algunos sufrieron heridas graves por los golpes y las balas de goma. Inmediatamente, la multisectorial de la Plata, Berisso y Ensenada que reúne organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y gremiales llamó a concentrar en 7 y 50 para repudiar la represión, pedir por la libertad de los trabajadores detenidos y rodearlos de solidaridad. En altas horas de la noche fueron liberados, luego de haber estado alojados los 26 trabajadores en una pequeña celda de la Comisaria Tercera.

El conflicto de la empresa de transporte Nuevo Expreso de Osmar Corbelli, empresario cercano al intendente de La Plata Julio Garro (Cambiemos), no es nuevo. En lo que va del año, la empresa despidió a 17 trabajadores y suspendió a otros 80. El desalojo y la represión que sufrieron los choferes  es un claro ejemplo de la criminalización de los trabajadores que salen a luchar por sus derechos y contra el ajuste.

Luego, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos junto a otros organismos de derechos humanos presentamos una denuncia penal ante la justicia manifestando la criminalización frente a un reclamo gremial legitimo por parte de la justicia y el gobierno y solicitando se investigue  la responsabilidad penal de quienes fueron responsables e intervinieron en el violento desalojo y represión que sufrieron los trabajadores mientras desarrollaban medidas de acción gremial, ya que las fuerzas de seguridad actuaron de forma completamente abusiva e ilegal provocando lesiones y sometiendo a los 27 choferes a condiciones inhumanas de detención.

Pese al intento del gobierno de doblegar la lucha de los choferes de la línea Este, esta se mantiene en pie. Expresamos nuestra solidaridad activa con la justa pelea que vienen dando.