El conflicto entre choferes y la empresa dueña de las Líneas Este y 520 se extiende y profundiza y no hay salida a la vista. Los conductores siguen apostados en ruta 11 donde la empresa tiene la terminal vehicular, mientras que algunas unidades comenzaron a circular custodiados por efectivos de la Policía Local. En ese marco, la Municipalidad advierte que, de extenderse la paralización, podría aplicar multas a la empresa e, inclusive, hasta podría quitarle la concesión del servicio.

El encargado de hacerlo público fue el secretario general del Municipio, Javier Mor Roig; “hay que entender que lo más importante son los usuarios”, dijo, en alusión a las más de 70 mil personas que viajan a diario en esas líneas de colectivos.

“Acá empieza a haber un incumplimiento de los contratos y estamos estudiando sanciones. Esto no puede durar mucho más tiempo y las sanciones pueden ir desde lo económico hasta una cancelación contractual”, enfatizó el funcionario.

Destacó que desde el Ejecutivo que comanda Julio Garro han reunido a las partes. “Se trata de un conflicto gremial interno –indicó–, tratamos de acordar distintas situaciones, pero no es fácil. Nos preocupa que se perjudique a la gente”.

La empresa manifiesta que hoy se intentó normalizar el servicio pero que no fue posible por la irrupción que volvieron a protagonizar los choferes, quienes mantienen un distanciamiento con el sindicato al que están adheridos, “la UTA se comporta como la patronal”, repiten.

La manifestación en la ruta 11 incluyó hoy quema de cubiertas y olla popular. Según quién cuente la versión, allí se conversa con los choferes de otras líneas que arrancan con el recorrido para convencerlos que se solidaricen con los trabajadores en lucha o –la versión empresarial– “los choferes bloquean, interrumpen el paso y amenazan a los nuevos conductores sin dejarlos salir a hacer el recorrido.