La situación del titular de Seguridad municipal, Daniel Piqué, en la causa por la muerte de Emilia Uscamayta en una fiesta clandestina se complicó más en las últimas horas: otro funcionario del gabinete del intendente Julio Garro lo acusó ante el fiscal que entiende en la causa por la no suspensión del evento, realizado en una quinta de Melchor Romero el 1° de enero pasado.

Roberto Di Grazia, subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano comunal, declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y le exhibió una conversación de whatsapp donde, a un pedido suyo de apoyo para desalojar el lugar, Piqué le habría contestado afirmativamente, aunque “el personal de la Policía Local para realizar esa tarea nunca llegó”.

“Hay que suspender esta fiesta”, sería la frase que empleó Di Grazia desde la puerta del complejo, en 520 entre 159 y 160. Y, según los mismos voceros, Piqué le contestó: “Sí, hay que suspenderla”. Si bien se confeccionó un acta de clausura, la fiesta siguió su curso en horas después Emilia fue hallada muerta en la pileta del predio.

Desde el lamentable suceso, familiares y amigos no cesan en el pedido de justicia. Movilizaciones, festivales de música en protesta y diversos actos para recordar a la chica fueron una constante en todos estos meses. Pese al tiempo transcurrido, el caso sigue envuelto en idas y vueltas. Y son cuatro los imputados: Carlos Bellone -el dueño del inmueble-, Raúl García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Éste último es el único detenido porque violó el arresto domiciliario tras haber sido condenado por otra muerte, la de Andrés Maldonado, frente al boliche Alcatraz de Berisso, en el año 2009.

Así, Piqué quedó señalado por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del artículo 249 del Código Penal, delito por el que ya fue citado a indagatoria por el fiscal a cargo de la pesquisa y donde negó toda responsabilidad.