Por María Luz Santos Morón (*)
Especial para Infoplatense
Los años pasan y nos seguimos preguntando ¿y Julio López? La causa que debería investigar la segunda desaparición forzada es un verdadero monumento a la impunidad. No hay ni un solo imputado ni indagado, aún no se esclareció qué pasó con López, producto del deliberado encubrimiento orquestado que se evidencia con la falta de investigación seria y consecuente. Mientras tanto, el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los principales sospechosos, está a un paso de irse a su casa reclamando la prisión domiciliaria.
Jorge Julio López brindó testimonio por última vez en el marco del juicio oral contra el ex Director de Investigaciones de la Bonaerense Etchecolatz, mano derecha de Ramón Camps. Fue el primer juicio luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, donde se condenó a prisión perpetua al represor y la justicia reconoció por primera vez el genocidio. Pero López, querellante y testigo clave, nunca pudo llegar a escuchar la sentencia porque fue secuestrado y desaparecido en la madrugada del 18 de septiembre de 2006.
Quiero destacar quien fue este hombre. Julio López vivía en el barrio de Los Hornos de la ciudad de La Plata, durante su juventud comenzó a militar en la Juventud Peronista, trabajaba como albañil. Fue secuestrado en su casa y desaparecido por primera vez en octubre de 1976, estuvo en el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana, en la Comisaría 5ta, donde sufrió tormentos y torturas y presenció cómo Etchecolatz dirigía él mismo el asesinato de sus compañeros. Luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Logró sobrevivir al genocidio de clase y preservó en su memoria durante años todo lo que había pasado para luego dar testimonio.
Treinta años después, el 18 de septiembre de 2006, los hechos se repetían: el día en que se tenían alegar los abogados de la querella de Justicia YA! de la que Julio formaba parte, el “viejo”, como le decían sus compañeros, nunca llegó a la audiencia. Los organismos de derechos humanos lo primero que alertamos fue que se trataba de un secuestro y a las pocas horas presentamos un habeas corpus ante la Justicia Federal. Reflotaban nuevamente los métodos genocidas.
Sin embargo, el gobierno kirchnerista tomó la decisión política de buscarlo como si estuviese perdido, negando la desaparición forzada. Más aún: se llegó al colmo de tener que escuchar al ex ministro Aníbal Fernández ironizando con que Julio podía estar en la casa de su tía. En la misma línea, el entonces gobernador Daniel Scioli otorgó más poder a la Bonaerense, fuerza represiva que al momento del secuestro de López contaba con alrededor de 9.000 efectivos en funciones que venían de la dictadura. Es más, ascendieron a quienes fueron parte del entramado de encubrimiento de su segunda desaparición.
El expediente se fue transformando en decenas de cuerpos y miles de fojas, la investigación estuvo plagada de irregularidades, sin una hipótesis clara, llegando al absurdo de seguir las pistas de una mujer vidente, en vez de investigar seriamente el entorno de Etchecolatz y los represores denunciados por el propio López.
Hoy, con Macri en el poder, el panorama no es muy distinto. ¿Qué se puede esperar de Macri, si su familia ha sido una de las beneficiadas económicamente por la dictadura genocida y en lo que va de gobierno el presidente y los más altos funcionarios no han perdido oportunidad para hablar de reconciliación, negar los 30.000 desaparecidos diciendo que fue una “guerra sucia” y pronunciarse a favor de las prisiones domiciliarias a los genocidas?
Hasta el momento ningún gobierno al frente de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han aportado nada sustancial a la causa, por eso nuestro reclamo persistente de que se abran los archivos del Estado.
El año pasado, en la Cámara de Diputados de la Nacion, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) y abogada del CeProDH presentó un proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y todo tipo de documentación que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López. Hace unos días se logró dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos y aún resta que otra comisión se pronuncie. Seguiremos insistiendo.
Recientemente, desde el gobierno anunciaron que la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación se presentará como querellante en la causa López, una verdadera provocación con un alto grado de hipocresía. Hace 10 años que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales y la izquierda vienen denunciando el encubrimiento y la impunidad que garantiza el Estado. El estado que no ha investigado, no ha esclarecido en caso y no ha castigado a los culpables ahora pretende presentarse como querellante cuando en realidad es el responsable. Es más, junto a un grupo de organismos de derechos humanos hemos denunciado al Estado Argentino ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Después de 10 años no han logrado callar su voz ni la de miles que seguimos gritando ¡Aparición con vida YA! Sabemos que para lograr el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López contamos con la fuerza de nuestra movilización en las calles y el reclamo persistente de juicio y castigo a los responsables.
(*) Abogada del CeProDH y militante del PTS
