En una gran movida de depuración de la Policía Bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal separó de sus cargos a 58 jefes de la policía por negarse a presentar su declaración jurada de bienes, obligación fijada por el Decreto 116 que firmó la gobernadora en abril, mediante el cual se estipuló que todos los comisarios y subcomisarios debían comenzaran a realizar sus presentaciones.

Entre los policías que dejarán de ser parte de la fuerza hay  un comisario mayor; 3 comisarios inspectores; 14 comisarios; 37 subcomisarios; 2 oficiales principales, y 1 inspector. Según fuentes oficiales, la gran mayoría se desempeña en el conurbano, La Plata y Quilmes.

El gobierno provincial también realizó denuncias en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que puedan cotejar si hay denuncias sobre ellos.

En septiembre de 2016 la lista de miembros de la fuerza que aún no habían presentado su declaración llegaba a 129, por lo que se les dio una extensión y se los suspendió durante cinco días. La cifra final alcanzó a 58 policías, en tanto que los otros 71 fueron sancionados por una falta grave.