La Justicia penal de La Plata procesó por “fraude y asociación ilícita” en una suma varias veces millonaria a 18 ex directivos y actuales funcionarios de la obra social provincial IOMA, entre ellos al que se desempeñó como titular del organismo hasta diciembre de 2015, a quien citó a indagatoria para el 13 de noviembre, informaron voceros judiciales.

Según las fuentes, se trata de Antonio La Scaleia, quien estuvo desde 2010 hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli al frente del Ioma, y que el 13 de noviembre deberá prestar declaración indagatoria.

También, por la misma causa deberán declarar dos empresarios responsables de firmas dedicadas a la internación domiciliaria que brindaba a sus afiliados la obra social.

La medida la adoptó el fiscal Alvaro Garganta a partir de una denuncia impulsada por Elisa Carrió en la que se estiman pérdidas de unos 650 millones de pesos, generadas entre 2013 y 2015 por la comisión de fraudes reiterados.

Además fueron citados representantes de los gremios de los gremios UPCN y Suteba que actuaron en el directorio del organismo.

Para Garganta “existen indicios vehementes que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.

Los empresarios Gustavo Baldachis y Ricardo Bianchimano, titulares de las firmas Domisalud; Intergemed; Juntos en Casa; Sistemas Operativos de Salud y Cerca Salud, deberán declarar el 11 y 12 de diciembre próximo, dijeron los voceros judiciales.

Todos están acusados de “haber creado un circuito paralelo en relación al trámite de internación domiciliaria” en el que “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.

“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, aseguró Garganta en la citación a indagatoria.

La Scaleia está imputado como la persona que estaba al frente de una “compleja estructura delictual destinada a la comisión de varios delitos” y de “poner en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas”. Otro procesado es Roberto Jorge Passo, un ex legislador del peronismo.