El fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, indagó este lunes al ex presidente de la obra social provincial IOMA Antonio La Scaleia, por los delitos de “fraude y asociación ilícita”, que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos en virtud de la tramitación de internaciones domiciliarias.

La Scaleia, quien estuvo al frente de la obra social desde 2010 y hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli, fue procesado por el fiscal, junto a otros 17 ex directivos y actuales funcionarios del IOMA.

El ex funcionario, que declaró durante dos horas y media aproximadamente, se retiró de los tribunales sin formular declaraciones.

Garganta comenzó a investigar al ex directorio del IOMA a partir de una denuncia impulsada por la diputada Elisa Carrió, en la que se estiman pérdidas de unos 650 millones de pesos, generadas entre 2013 y 2015 por la comisión de fraudes reiterados.

Para el fiscal, “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.

Según Garganta, La Scaleia y el resto de los 17 procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y la actividad que desempeñaban dentro del IOMA”.

Desde ese organismo, pusieron “en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”.

El fiscal considera que “se dispuso la creación de un área específica para el despacho de expedientes relacionados a dicho servicio, la afectación exclusiva de un grupo de personas a la tramitación de los mismos, se impulsó el dictado de una serie de resoluciones internas mediante las cuales se perfeccionó la maniobra descripta”.

Al procesar y citar a indagatoria al ex presidente del IOMA, Garganta describió el procedimiento que utilizaban, el cual incluía “la aprobación posterior de las planillas de conformidad del servicio presentadas por las cinco empresas a sabiendas de la falsedad de su contenido, para finalmente librarse los pagos de sumas millonarias de dinero pertenecientes al Estado Provincial”.

En tanto, los empresarios Gustavo Baldachis y Ricardo Bianchimano (titulares de las firmas Domisalud, Intergemed, Juntos en Casa, Sistemas Operativos de Salud y Cerca Salud) serán indagados el 11 y 12 de diciembre próximo, según fuentes judiciales.

Todos ellos están acusados de “haber creado un circuito paralelo respecto del trámite de internación domiciliaria”, a través del cual “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.

“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de conformidad y consentimiento de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, aseguró Garganta en la citación a indagatoria.

Otro procesado en el marco de esta causa es Roberto Jorge Passo, un ex legislador del peronismo, quien tendrá que presentarse a declarar este martes, a partir de las 9, también en la Fiscalía, ubicada en 8 y 56, de La Plata.