Una dura pulseada protagonizan las concejales platenses en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante donde empezó a debatirse la Ordenanza Fiscal Impositiva que regirá a partir de 2018. Entre los puntos salientes contempla una suba promedio del 29% en la tasa SUM, un cambio en el cálculo de la alicuota y una reducción para algunos sectores productivos, como los del cinturón frutihortícola. Respecto de la suba de la tasa, el contrapunto está dado por lo que desde Ejecutivo se considera es un criterio "progresivo" en el que "pagan más quienes tienen más patrimonio". Desde la oposición consideran que en el esquema enviado por el intendente Julio Garro, los grandes perjudicados son los sectores medios que terminarían pagando entre el 30 y 40% de aumento.

La discusión no es menor, pues el oficialismo no tiene los dos tercios necesario para dar curso al proyecto. Por ahora en los bloques opositores prima la idea de no aprobarlo tal cual está y exigen un cambio en la forma de calcularlo. Después de la reunión del jueves, en que quedaron sentadas las posturas, se espera que en las próximas horas el Ejecutivo remita al cuerpo una propuesta modificatoria que destrabe la discusión.

El debate arrancó con la presencia del titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Horacio Prada, quien remarcó que el objetivo del proyecto enviado es alcanzar "una mayor progresividad, donde los sectores más bajos por segundo año consecutivo no se vean afectados por el aumento de las tasas.

Cuando el funcionario habla de aumentos promedio implica, según explicó, que habrá sectores que pagarán más y otros menos que ese 29% de aumento.

En ese sentido, el titular de la Agencia de Recaudación enfatizó que “los anteriores códigos tributarios estaban marcados por el desfinanciamiento, la desigualdad y alta regresividad. Ahora buscamos una mayor progresividad: a mayor patrimonio mayor porcentaje de alícuota de Tasa SUM; beneficios para sectores con dificultades financieras y una mayor equidad contributiva”.

Los concejales opositores no coinciden y condicionan su apoyo. El massista José Ramón Arteaga analizó ante Infoplatense que "si los aumentos salariales promedian un 15% de aumento, no compartimos que el aumento de la tasa SUM en las partidas de valuaciones fiscales menores, que involucran a la clase media, supere en promedio esos valores". Agregó que esto se suma a "un contexto de aumento desmedido del Inmobiliario provincial y los servicios de luz y gas que no bajan del 40%". 

Arteaga indicó que la postura de su bloque es "un aumento racional razonable y posible de recaudar en una ciudad que no admite seguir incrementando la presión fiscal". El concejal adelantó que ahora se espera un nuevo esquema aunque puso en duda que haya acuerdo.

Por su lado, la concejal del bloque FpV-PJ, Lorena Riesgo, calificó de "regresiva" a la propuesta enviada por el Departamento Ejecutivo. "En vez de incrementar lo que pagan aquellos sectores de mayor capacidad contributiva, recae sobre los sectores trabajadores y los sectores más humildes". La concejal que fuera presidenta de la Comisión de Hacienda, recordó que el año pasado se votó y está vigente un aumento en el además se fijaron topes. "Por lo tanto -explicó- todos los vecinos cuyos inmuebles estén valuados en más de 60 mil pesos percibirán un aumento hasta que se llegue al tope de entre el 35, 40 y 50% aunque este proyecto no sea aprobado ahora, y eso incluye a 2018".

La concejal interpreta entonces que la propuesta enviada ahora persigue como único objeto incluir en las subas a los vecinos que quedaron exentos de aquella suba, que son todos los propietarios de inmuebles cuya valuación fiscal es inferior a los 60 mil pesos. "Ahora este proyecto lo que hace es disponer una suba de entre el 27 y el 42% a los inmuebles que están valuados entre 40 y 60 mil pesos". Riesgo considera que son centralmente viviendas muy pequeñas o ubicadas en zonas no muy favorables.

Riesgo coincide con Arteaga que este proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva debe ser modificado. "No puede ser que esta propuesta, ignorando lo que está en vigencia, además de considerar semejantes subas para estas viviendas que estoy mencionando estipule subas del 1,2 o del 2,2 para los sectores más altos. Esa secuencia para nosotros es inaceptable".

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En su exposición, Prada también planteó beneficios a ciertos sectores productivos a los que se le reduce la tasa de Seguridad e Higiene, como lo relacionado con el cordón frutihortícola o ciertas actividades de los frigoríficos.

Sobre ese punto también disiente Riesgo cuando reclama discutir las alícuotas. "Más allá de que uno esté de acuerdo en que esas alícuotas se reduzcan en determinados rubros para fomentar la actividad productiva, también vemos con preocupción que por otro lado se elevan lo mínimos, lo cual atenta contra los productores más pequeños. Nos lleva a pensar que la medida está más pensada para beneficiar a los grandes que pagan alícuotas y no a los pequeños que pagan un mínimo que ahora se pretende elevar".

Según detalló "se eliminarán las tasas distorsivas como las de los rodados; a su vez, se favorecerá la radicación de comercios e industria y se simplificarán algunas tasas y se incorporarán las antenas de 4G a la normativa".

En el proyecto presentado, la APR estima una proyección de ingresos para el 2018 total de $2.964.596.550, lo que significa un 26% más en relación a lo recaudado en 2017, cuyo monto es de $2.410.765.781.

La reunión en la comisión presidida por el concejal del PRO, Julio Irurueta, se llevó adelante con la presencia de los concejañes Guillermo Ronga, Claudio Frangul, Raquel Krakover, Gastón Crespo, José Arteaga, Marcela Farroni, Lorena Riesgo y Guillermo Cara.