Este miércoles 29 de noviembre al mediodía el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictará el veredicto final en el juicio seguido contra Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares acusados de haber participado en secuestros, torturas, homicidios y robos en los siete casos, como parte de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), una organización de la derecha peronista que coordinó con la Triple A y más tarde se asimiló al aparato represivo de la dictadura.
El juicio es el segundo que revisa crí de la Concentración Nacional Universitaria, tras la sentencia de diciembre de 2016 que condenó a 7 represores del grupo en Mar Del Plata. Sería además el tercer proceso que analiza hechos realizados por las patotas de la derecha peronista, si se toma en cuenta el juicio escrito que condenó a represores de la Triple A en CABA en febrero de 2016.
Tanto la fiscalía como las querellas particulares pidieron la condena con prisión perpetua de Castillo y Pomares como coautores de graves delitos de lesa humanidad cometidos como parte de un plan sistemático de represión a militantes políticos de izquierda durante el tercer gobierno peronista, que eran calificados como parte de la “sinarquía”.
Castillo está acusado del secuestro y homicidio del dirigente del turf Carlos Antonio Domínguez y del secuestro y torturas al trabajador del hipódromo Roberto Fiandor, ambos por un hecho ocurrido el 12 de febrero de 1976. Además se lo imputa del secuestro y homicidio del trabajador y militante Leonardo Miceli, ocurrido el 20 de abril de 1976. En tanto a ambos represores se los acusa de los homicidios doblemente calificados de los militantes Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón, todos en un hecho ocurrido el 4 de abril de 1976.
La querella del espacio Justicia Ya! La Plata señaló en su alegato la responsabilidad política del tercer gobierno peronista en el armado del esquema represivo para la consecución de estos crímenes, tanto de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez en el gobierno nacional como del gobernador Victorio Calabró en la provincia, remarcó la aquiescencia estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión, solicitó la ampliación de la imputación por varios casos, rechazada con excusas técnicas por el tribunal, y exigió la condena de los 2 represores de la CNU como coautores del delito internacional de Genocidio.
Las defensas de los represores trataron de mostrarlos como víctimas, por la prisión que purgaron en la Unidad 9 en dictadura en condiciones de privilegio, y buscaron impugnar el debate como cosa juzgada, pretendiendo que la causa penal por delitos comunes agotó la persecución penal de los delitos de lesa humanidad que han cometido.
Ambos represores hablaron extensamente en el juicio, Pomares más lastimoso y Castillo fiel a su estilo desafiante que lo llevó a afirmar que estos juicios son “un negocio”, que el Terrorismo de Estado es “un concepto fallido” y que la represión se ejerció “en legítima defensa”.
Según informó la agrupación HIJOS La Plata, a pedido de las querellas el TOF platense se comprometió a realizar la lectura de la sentencia “lo más temprano posible”, dado que en Comodoro Py el TOF 5 de la Capital dará a conocer el mismo día y “en las primeras horas de la tarde” el veredicto en el tercer juicio oral por crímenes cometidos en la ESMA y que comenzó hace 5 años.
