Domiciliaria a Etchecolatz: la estocada final de la impunidad

Por: HIJOS La Plata | Jueves 28 de Diciembre de 2017

Desde HIJOS La Plata repudiamos el fallo del Tribunal Oral Federal 6 de Capital Federal que este 27 de diciembre decidió otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al probado genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de  la Policía Bonaerense durante la última dictadura y responsable de miles de crímenes aberrantes, así como principal sospechoso de ser el ideólogo de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Lo hizo en la causa por los CCD CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Así uno de los máximos asesinos de uniforme de nuestra historia será alojado en su chalet de calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos, ciudad de Mar del Plata.

 El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz en 2004, en el proceso realizado en La Plata en 2006, en la causa “Circuito Camps” de 2012,  por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en 2014 y en la causa “Favero-Álvarez” de 2016. Pero además estaba detenido a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, “Brigada de San Justo”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario las causas que lo tienen, por un lado en juicio ante el TOF 6 de Capital Federal (por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande), y el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.

Un total de 12 causas en las cuales obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4, encontrándose hasta ahora detenido sólo en las causas obrantes en CABA y Lomas de Zamora.

Con este fallo la justicia argentina termina de coronar un derrotero infame de dos años en los que el genocida venía consiguiendo parcialmente el beneficio de irse a su casa en algunas causas, y que no se hacía efectivo porque aún conservaba la prisión preventiva en la causa que ahora nos ocupa.

 La causa por los CCD Brigada de Monte Grande y “Puente 12” fue instruida por el juez Daniel Rafecas, quien la elevo a juicio al TOF 6 de CABA en diciembre de 2013 con 12 procesados, entre ellos Etchecolatz. Rafecas ya había negado el pedido de domiciliaria en esa causa recordando las condenas que recibió Etchecolatz en La Plata, sumadas a las imputaciones por el CCD “Protobanco”, donde dijo que “el estadío de desarrollo de la pesquisa y las pruebas pendientes de sustanciación, en especial, la relacionada con víctimas sobrevivientes y demás testigos, sin dudas vulnerables ante posibles maniobras destinadas a frustrar el avance en la búsqueda de la verdad judicial”. En esa oportunidad Rafecas destacó que un informe de abril de 2016 del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema señalaba claramente que el represor “presenta buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución. Padece patologías clínicas compensadas y tratadas adecuadamente” y que “en tanto y en cuanto se cumplan las indicciones médicas en tiempo y forma, su salud no se verá afectada por deficiencias en atención”. Sin embargo, los jueces del TOF 1 de La Plata primero, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal de CABA después, y el TOF 6 de la capital ahora, compraron el argumento de la “razón humanitaria”.

La campaña de los abogados de Etchecolatz por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesó nunca: pese a haber perdido el beneficio en pleno debate oral en 2006 por guardar en su casa un arma no declarada, la solicitaron en todas las instancias que atravesó el reo y hasta llegaron a presentar un recurso de Habeas Corpus donde curiosamente reconocían que la situación del genocida se había agravado en 2016 “a raíz de una huelga de hambre” que había realizado para manipular su situación física. Pese a que el Habeas fue rechazado por la Cámara Federal de La Plata en agosto pasado, el informe médico que derivó de esa jugada sucia de la huelga de hambre comenzó a ablandar los criterios de los jueces hacia el argumento de la razón humanitaria. Desde entonces empezó a pesar el hecho de que si bien se lo podía tratar de sus afecciones intramuros, se lo beneficiaba por consideraciones humanitarias o bien porque sólo con tener más de 70 años alcanza y sobra. En la causa que resolvió ahora el TOF 6 de CABA, sus abogados lo presentaron como “el geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal”. Con todos los informes médicos en contra, que incluso detallan que sufrió un ACV, pero controlado hace 17 años, y su hipertensión y próstata pueden ser tratadas intramuros o en derivación a hospital externo, la impunidad ganó la batalla.

El pasado 11 de diciembre el TOF 1 de La Plata había rechazado el pedido de libertad condicional realizado por los abogados del genocida en la causa que lo condenó a perpetua en 2006. Si bien podía objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017, el juez Castelli había opinado que “ninguna pena que se imponga en el futuro en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en aquella causa a prisión perpetua”. Ahora la situación se destrabó a favor del genocida, ya que el único proceso en que tenía medida privativa de la libertad se resolvió a su favor. Los jueces Fernando Canero, Julio Panelo y José Martínez Sobrino del TOF 6 de CABA entendieron que impera el “deterioro constante e irreversible” que presentaría la salud del genocida, y que es suficiente para enviarlo a su casa.  Eso sí, con “vigilancia mediante un dispositivo de monitoreo electrónico”.

Se confirma con esto la investigación difundida por el portal "La Retaguardia", de un listado de 110 genocidas mayores de 70 años (Etchecolatz figura Nº 5 en la lista) que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas, con la excusa del agravamiento de las condiciones de detención que, para ser justos, existen pero los genocidas son los que nunca las sufren. Recientemente fueron beneficiados con aquel privilegio dos laderos de Etchecolatz: Julio Cesar Garachico, mencionado por Julio López como uno de los picaneadores del CCD de Arana, que se irá a su chalet del Mar Del Plata; y el médico policial Jorge Vidal, que estuvo prófugo más de 5 años y había sido hallado en un entrepiso de la misma casa del Bajo Flores adonde ahora la justicia lo devuelve.

Pensemos que actualmente hay más de 535 represores, entre procesados con preventiva y condenados, que gozan del beneficio de la domiciliaria. Ello representa más del 50% de los genocidas detenidos. Pensemos que el comisario Etchecolatz, símbolo de la represión de la bonaerense en dictadura, fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad.

Compartir

Comentarios