La Legislatura porteña ratificó este jueves un convenio entre los gobiernos nacional y porteño para desarrollar el Paseo del Bajo, que unirá la autopista Illia con la Buenos Aires-La Plata y será financiada en parte con la venta de 12 hectáreas desafectadas en el área denominada Catalinas Norte 2, y el resto con un préstamo internacional.

“Con esta ley pretendemos planificar la ciudad, viene a ordenar el tránsito, va a cambiar el transporte sustancialmente. El Paseo del Bajo tendrá dos carriles y los camiones van a ir por el medio. Vamos a conectar de norte a sur y de este a oeste", sostuvo en el recinto el presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Agustín Forchieri.

El legislador precisó que el proyecto "no afectará al transporte ferroviario de cargas y además tiene previsto que se creen espacios públicos verdes".

El acuerdo fue ratificado en general por 42 votos afirmativos, 12 en contra y 2 abstenciones, es decir con una mayoría calificada que representa los dos tercios del cuerpo. En tanto en particular fue ratificado por 42 votos afirmativos, 13 negativos y 2 abstenciones.

La iniciativa del Poder Ejecutivo había sido aprobada el año pasado en primera lectura, tras lo cual se hizo una audiencia pública y finalmente hoy se sancionó.

Todas las normas relacionadas con una modificación del Código de Planeamiento Urbano son de doble lectura, tienen audiencia pública y se aprueban con una mayoría agravadas de 40 votos.

Durante la sesión, la segunda ordinaria del año, el socialista Adrián Camps, que rechaza el proyecto y presentó un despacho de minoría, sostuvo que el objeto del acuerdo es "la liquidación de tierras públicas nacionales para promover la especulación inmobiliaria en una ciudad que tiene prácticamente agotada la tierra disponible".

"El gobierno piensa construir edificios entre la ciudad y el estuario del Río de la Plata lo que significa de hecho la eliminación de la posibilidad de ventilar el sector céntrico de la ciudad", indicó Camps, quien se había expresado en igual sentido la semana pasada durante una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda cuando se firmó el despacho.

El legislador declaró que el proyecto Catalinas Norte, un área conformada por las calles Cecilia Grierson, San Martín y la avenidas Eduardo Madero y Antártida Argentina, prevé “la construcción de torres de 150 metros de alto tan cerca de la costa de la Ciudad que perjudica la buena circulación del aire”, entre otras cuestiones.

El legislador Gustavo Vera advirtió que "esta ley está basada en normas de la última dictadura militar y le da grandes beneficios a los sectores de negocios inmobiliarios".

Por su parte, el diputado Marcelo Ramal señaló que "con esta norma se está pasando por encima de lo que dispone la Constitución Nacional en el sentido de que es el Congreso el que puede autorizar la venta de terrenos públicos. Esta norma dispone lisa y llanamente la privatización del suelo público y la operatoria por la cual se le entrega a los privados terrenos sin valor y en desuso y después ellos se enriquecen por la revalorización de esos predios".