El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires objetó gastos realizados por la administración el ex intendente Pablo Bruera en 2015 por 241.648.068 de pesos, al haber detectado “grandes irregularidades e inconsistencias en los gastos” que se realizaron en la Comuna. El expediente fue girado a la Fiscalía de Estado, que deberá analizar la situación y expedirse sobre esta cuestión. El bruerismo afirma que no hay ningún faltante y que lo que exige el Tribunal son, en rigor, los expedientes que la administración de Julio Garro “no quiso tratar” el año pasado.

“Se exige al ex intendente Pablo Bruera y ex funcionarios municipales que se informe dónde fueron a parar dichos gastos”, explicaron fuentes oficiales, las que indicaron que esas irregularidades “apuntan no sólo al ex intendente, sino también a la ex contadora municipal Claudia Agnes y la ex tesorera Alejandra Tittarelli, entre una decena de funcionarios a quienes podrían exigirle la devolución del dinero”.

Entre las irregularidades más llamativas están “los gastos injustificados a cooperativas y proveedores sin rendición ni órdenes de pago”, expresaron las fuentes y en algunos casos “no hubo ni siquiera contraprestación de servicios de estos proveedores”, según el fallo del Tribunal informado por la agencia Télam.

Por ejemplo, en el rubro espectáculos culturales se detectaron gastos de $989.067 por alquileres de carpas, gazebos y escenarios con iluminación para eventos. Sin embargo, el Tribunal señala que “no se encontraron los eventos ni se detallaron los lugares de estas actividades”.

En el fallo de 392 páginas se observan irregularidades en cuanto a órdenes de pago faltantes a proveedores y cooperativas por más de 200 millones de pesos, materiales de construcción sin indicación de destino por unos 11 millones de pesos, licitaciones y concursos faltantes por casi 12 millones de pesos, y pagos irregulares a cooperativas por más de 10 millones de pesos, entre otros rubros.

Entre las cooperativas que recibieron pagos injustificados se encuentran la Cooperativa de Trabajo Dignidad y Trabajo Limitada, que recibió 923.495 de pesos a nombre de Mariana Evelina Gutiérrez, que figuraba como presidenta. Sin embargo “nunca se acreditó que Gutiérrez representara a esta cooperativa”, indicó el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, a la Cooperativa de Trabajo Manos Unidas Limitada se le otorgaron 4.466.000 pesos a Javier Horacio Dellepiane en representación de dicha cooperativa, pero el Tribunal de Cuentas detectó que “no obra constancia que acredite la designación de Dellepiane como apoderado de la mencionada entidad”.