El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Abogados por la Justicia Social (AJUS) pidieron a la Justicia que los gobiernos municipales de La Plata, Berisso y Ensenada, así como el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, presenten informes sobre los operativos donde la policía detiene colectivos y revisa a los y las pasajeras.

Bajo el argumento de la seguridad, esta práctica “viola y cercena múltiples derechos constitucionales y convencionales”, sostuvieron como argumento de la presentación.

El hábeas corpus fue presentado el miércoles y se centra en los operativos realizados durante las últimas semanas en distintos puntos de las ciudades donde, “sin ningún tipo de presunción respecto a la comisión de delito alguno, han detenido colectivos que se encontraban circulando con normalidad por las calles de diversas ciudades de la Provincia”.

Se indica que, de acuerdo a lo constatado en distintos medios, “obligan a los y las pasajeras a descender, forzándoles a ponerse con las manos contra los vehículos, palpándoles y revisando sus pertenencias.”

Desde el CIAJ y AJUS advierten que “la Policía únicamente puede limitar la libertad de las personas ‘cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen’. Ante la ausencia de una justificación real -como puede ser una tentativa de delito-, estos operativos se basan únicamente en el olfato policial o en el más absoluto uso de un poder discrecional que implica una violación al principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional”.

La presentación solicita se ordene a las autoridades policiales “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad ambulatoria que, en forma actual, inminente y potencial, padecen todas las personas usuarias del servicio público de transporte de estas ciudades”.