Leandro Carlos Milone, ex secretario de la UFI que encabezaba Fernando Cartasegna; Juan Manuel Valdés, uno de sus auxiliares letrados; y Estela Lavalle, una empleada de la mesa de entradas, fueron suspendidos en sus funciones por disposición del Fiscal General Departamental de La Plata, Héctor Vogliolo. Así lo anunció el Procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien lo definió como una medida de prevención mientras la investigación sigue su curso.  

En este contexto, el secretario Milone estaba afectado a una fiscalía de juicio, mientras que Valdés y Lavalle también habían sido desplazados de la UFI Nº 4 y llevados a otra dependencia. Ahora, mientras esperan la resolución administrativa y penal,  ninguno de los tres podrán cumplir tareas, ya que fueron citados a indagatoria acusados por presuntas irregularidades funcionales, conocidas como  “incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de medios de prueba y falsedad ideológica de documentos públicos”. 

Cabe recordar que, en lo que significó una resolución inédita en el fuero penal local, Vogliolo disolvió la fiscalía Nº 4, que estaba a cargo del doctor Fernando Cartasegna, actualmente de licencia, internado en un neuropsiquiátrico, con un pedido de jury.

Al mismo tiempo, mediante la resolución numero 48/17, la Procuración General de la Corte bonaerense, le otorgó en abril una licencia al fiscal Cartasegna. Allí se explica que luego fueron designados en esa fiscalía 4 los agentes fiscales Mariana Ruffino, Alejandro Marchet, Néstor Tesón y Martín Chiorazi.

En la resolución, Vogliolo describió que los citados fiscales designados “advirtieron una serie de retrasos e irregularidades de distinto tenor en investigaciones penales en trámite en la fiscalía 4, lo que motivó la formación de sumarios administrativos, denuncias penales y redistribución de empleados y funcionarios que allí se desempeñaban”.

“En virtud de esas denuncias penales, Cartasegna fue llamado a indagatoria, bajo sospecha de haber cometido los delitos de 'violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión de delitos, y falsedad ideológica de un documento público' ”, según indica dicha resolución.

Además se explicó que se enviaron copias de estas actuaciones a la Procuración General y la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento.

“A tenor de los expuesto resulta procedente la disolución de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, y establecer los mecanismos para la prosecución de las causas en trámite ante la misma”, se afirmó.

El fiscal General dispuso también que la “estructura residual creada” está a cargo de los fiscales Ruffino, Tesón y Marchet, y que la actuaciones que sean elevadas a juicio estarán a cargo del doctor Chiorazzi.

Por otro lado, en el llamado a indagatoria a Cartasegna, el fiscal Alvaro Garganta destacó que “de las pruebas reunidas” surgirían elementos como para sospechar que entre el año 2012 hasta la fecha en que el fiscal Cartasegna entró de licencia, en mayo último, luego de las amenazas y ataques denunciados, “se detectaron faltantes de elementos que servían de prueba en diferentes causas”, entre ellos unos cincuenta teléfonos celulares, unos 30.000 pesos, 2.000 Guaraníes y algunos dólares.

En el dictamen, el fiscal Garganta indicó que esos efectos y otros, como billeteras vacías, algunos DNI, CD,s y cámaras fotográficas, estaban en un armario de la oficina de Cartasegna, al que tenía acceso el titular de la fiscalía 4 y los otros tres imputados, señalaron las fuentes.

Como se sabe, Cartasegna contrató los servicios de los abogados penalistas Fernando Burlando y Fabián Améndola para que ejerzan su defensa en juicio.