Un vocero del oficialismo señaló recientemente, en referencia al Pacto de la Moncloa, que ese acuerdo político no era aplicable a la Argentina, argumentando que aquel pacto fue acordado entre las principales figuras representativas de las grandes corrientes políticas del país, mientras que un pacto semejante en Argentina debería incluir a los sectores empresarios y a los sectores sindicales.

Es obvio que mencionar como fuente inspiradora a dicho pacto no significa en absoluto que se repita su contenido o se copie el modelo, por la sencilla razón de que las circunstancias históricas son completamente diferentes entre la España de 1975, a la muerte de Francisco Franco, y la Argentina del 2017.

Pero para preservar su esencia, el sistema político argentino, que según nuestra Constitución es republicano, democrático (representativo) y federal, debe basarse en el funcionamiento fluido de los partidos políticos.

Desde esta perspectiva, ¿por qué incluir a los sectores sindicales y empresarios, en caso de que se genere un acuerdo programático de fondo en Argentina, a riesgo de reincidir en la vieja y carcomida idea de una organización política de tipo corporativo, cuyo verdadero trasfondo es un profundo desprecio al mundo de los partidos políticos?

Cuando las fuerzas económicas y sindicales intervienen como factores activos en el diseño de un acuerdo político fundacional de una nueva etapa histórica, están priorizando sus propios intereses sectoriales y pretendiendo representar por sí solos el bien común, cuando en realidad promueven el bien sectorial con frecuencia en desmedro del interés general.

Al sostener que empresarios y sindicatos deberían ser miembros activos de un potencial acuerdo de políticas de Estado en el que participen todas las grandes corrientes políticas, se falsea la vocación republicana, representativa y federal proclamada, al restar margen de decisión a las fuerzas políticas en favor de poderes fácticos.

¿Cómo fortalecer a los partidos políticos cuando implícitamente se les está quitando legitimidad al ponerlos en paridad con organizaciones sociales poderosas que fueron las que corrompieron el Estado como servidor del bien común? El bastardeo de la noción de Estado, de su debilitamiento como eje de la acción pública, de su extendida corrupción, se originó justamente en su abdicación ante fuerzas poderosas de toda índole.

¿De dónde se originó la inflación endémica que soporta Argentina desde hace décadas, sino de poderosas fuerzas económicas, patronales y sindicales que presionan por lograr privilegios y beneficios para sus asociados? ¿De dónde viene la corrupción en la obra pública sino de los desarrolladores, como se prueba ampliamente con Odebrecht, cuya conducta se replica ampliamente en Argentina? ¿Por qué se reclaman siempre prebendas del Estado que este concede por debilidad y corrupción, y nunca se habla de obligaciones? El gasto público, el déficit fiscal, la emisión monetaria para financiarlo, todo esto ha sido y sigue siendo el reflejo de formidables fuerzas sectoriales que lograron privilegios porque infiltraron a sus epígonos en la estructura del Estado.

Los partidos políticos son quienes están en condiciones, y tienen el deber, de gestar un acuerdo que anteponga los intereses de conjunto a los de cada sector, para evitar que el Estado siga siendo rehén de la pugna facciosa. Esto no implica que no haya diálogo y consulta con esos sectores. Debe haberlo. Pero precisamente la idea de un pacto de este tipo es evitar que el cortoplacismo que suele guiar los intereses corporativos actúe en desmedro del interés general, siempre mejor servido por políticas de Estado de largo aliento.

Ser republicano, ser democrático y ser federal no se compadece con pretender incluir a organizaciones empresarias y sindicales, en el diseño de las bases fundacionales de un acuerdo programático de largo plazo. Pueden y deben tener sus propias ideas al respecto, como cualquier otro sector de la sociedad, y deben hacerlas públicas, pero son los representantes políticos los encargados de elaborar los grandes conceptos que sirvan de guía para una nueva y más creadora etapa histórica de Argentina.

El autor del artículo es dirigente justicialista. Abogado.