Hace unos días, por orden de la Justicia, “El Polaquito” fue internado en una comunidad terapéutica para adictos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. No habían sido antes escuchados los pedidos de ayuda de su familia, cuando a sus nueve años empezó con el consumo de paco. Nueve años. ¿Cuántas cosas tendrían que ser parte de la vida de un nene a esa edad? Los amigos, el deporte, la escuela, los juegos, alimentarse bien para crecer sano, tener una familia y un techo digno que lo contenga… Tres largos años pasaron, llenos de terribles situaciones vinculadas a todo lo que lleva la droga: las humillaciones, la destrucción de la salud y los vínculos, el robo, la persecución y extorsión policial, la muerte. Tuvo que ser nuevamente humillado en un programa de televisión, en medio de la campaña electoral, y hasta ser exhibida su identidad por “funcionarios públicos” a pesar de ser menor de edad, para que algo del Estado accione un poco.

En esta Argentina con más de siete millones y medio de chicos de hasta 17 años que viven en la pobreza, en esta Argentina heredada y -en 18 meses- ferozmente acrecentada su condición de presente sin futuro, no hay un solo polaquito: hay cada vez más. Porque más allá de los anuncios marquetineros, campañeriles, duranbarbistas; más allá de las palabras que antes se usaban para ocultar la realidad y ahora para mostrarla diciendo que es culpa de otros, hay una combinación nociva: por un lado, la enorme deuda social, con el 40 % de la población viviendo en condiciones que violentan sus derechos y calidad de vida, configurando un factor de riesgo determinante que incide en los consumos; por el otro, el blanqueo de capitales, medida tomada por la Administración Nacional, habilitando a que la renta de las actividades narco ingrese en circuitos legales sin traba alguna. Finalmente, la creciente militarización de la sociedad, con más poder de fuego para las fuerzas represivas, cuando sectores de ellas son parte del problema y no de la solución, como vimos con el reciente caso de Lanús.

Así las cosas, los ciudadanos somos rehenes y víctimas por partida doble: los jóvenes, que tienen más posibilidades de encontrar un dealer que un trabajo digno, y terminan destruidos por el consumo de sustancias o asesinados por la policía o los narcos, ambos con negocios en común. Luego las familias y comunidades que terminan siendo damnificadas.

Cuando el sol no podía taparse con las manos, los reclamos de las familias, los curas villeros y movimientos como Ni un pibe menos por la droga, lograron el año pasado que el gobierno declare la “Emergencia nacional en materia de Adicciones para todo el territorio de la República Argentina, con el objeto de atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática”, según reza el decreto. Emergencia que sólo quedó en eso, en un papel. Porque no se articula entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación para tomar medidas concretas y urgentes. Porque no se convoca a las organizaciones no gubernamentales que dan batalla diariamente, y fundamentalmente porque no se destinó presupuesto para implementar planes y programas nacionales. Como si fuera poco, proponen confinar en la cárcel a chicos de 14 años, ¿y mañana lo pedirán para los de 9?

Anuncian, pero no concretan. En el medio sólo las organizaciones sociales y no gubernamentales, en cada barrio, hacen lo que pueden. Y los mismos que tienen la responsabilidad y el poder para frenar el crecimiento de la droga entre nuestros jóvenes, implementan políticas de ajuste y desocupación, de pobreza, echando más leña al fuego. En la Argentina de la Emergencia social, la Emergencia Alimentaria, la Emergencia en Adicciones, la Emergencia en Violencia contra las mujeres, el Estado con sus gerentes de turno son responsables y cómplices, ya sea por acción u omisión. ¿Cambio? Hipocresía política, que cuesta vidas a diario.

(*) La autora del artículo es docente, socióloga especializada en nuevas infancias y juventudes (UNLP). Miembro de la Comisión Organizadora de las Primeras Jornadas sobre Salud y Educación Pública en la UNLP. Pre candidata a diputada provincial por el Frente Socialista y Popular.