La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización conformada por agricultores familiares con sede en el Cinturón Verde del Gran La Plata, presentó en Inadi una denuncia por "discriminación" contra el Ministerio de Agroindustria de la Nación por recortar asistencia técnica a familias de productores que no son nacidos en Argentina. Este viernes los productores hortícolas de La Plata realizaron una conferencia de prensa para exponer públicamente el planteo.

El fundamento puntual de la denuncia es el punto "5.1. del Manual Operativo del Programa Cambio Rural", publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial como del Ministerio de Agroindustria. Allí, donde se enuncian los requisitos que deben reunir los beneficiarios de la nueva versión de Cambio Rural, se detalla: "Ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo".

“Es una cuestión completamente irracional, desprovista de todo concepto, porque esta producción está casi totalmente provista por trabajadores migrantes”, señala Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (UTT-CTEP), entrevistado por la agencia Andar. En el último mes, 780 grupos de pequeños productores se dieron de baja del programa.

“Todo este entramado es parte de un proceso más amplio de profundización del odio, la xenofobia y la estigmatización negativa de los sectores populares que luchan por sus derechos”, denunciaron en un comunicado desde la UTT-CTEP. “La concepción del campo que tiene el Ministerio es clara: sólo piensa en los grandes productores de granos y todo lo otro parece no existir”.

La resolución ministerial se publica algunos meses después del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que consagró un mecanismo para la criminalización y deportación y en ese contexto lo enmarca la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que  denunció, ante los distintos poderes del Estado, “que la reforma era inconstitucional porque restringía derechos garantizados por ley, invocando una situación de necesidad y urgencia que no se acreditaba”. En líneas generales, el decreto equipara la condición de migrante a la de delincuente y vulnera la garantía del debido proceso.

“La quita de esta asistencia técnica significa menos recursos para producir y obtura la presentación de nuevos proyectos de economía popular en el sector quintero”, explica Levaggi.

Es decir, según expresa el comunicado de la UTT-CTEP, se excluye y discrimina al enorme sector de familias productoras de origen de países limítrofes “que día a día garantizan la producción de hortalizas en los cordones verdes de todas las provincias. Sólo basta con dar una vuelta por las zonas quinteras para darse cuenta que la sociedad consume verduras diariamente gracias a esas manos, que en gran parte no nacieron en este país. Familias que en algunos casos hace más de 30 años que están produciendo alimentos”.

Esta resolución, según denuncian, se da en el marco de otros recortes de las políticas hacia el sector de los pequeños productores. “El presupuesto para el programa Cambio Rural ya se venía subejecutando. Al mismo tiempo, la Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada, el monotributo social agropecuario, que significa una política positiva porque le permitía a los pequeños productores acceder a derechos sociales como jubilación y obra social, también está detenido”, aclara el referente de los trabajadores de la tierra.

El desfinanciamiento de estas áreas y el recorte de políticas públicas para pequeños y medianos productores terminan por agravar la situación que viene atravesando el sector de la agricultura popular. “En los últimos tiempos, mediante los verdurazos hemos dado a conocer la realidad de miles y miles de familias quinteras; realizamos muchas propuestas para lograr mejores condiciones de vida, y en vez de dar respuesta a esto, el Ministerio de Agroindustria lanza políticas discriminatorias”, sentencia la declaración de la UTT-CTEP.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), según adelanta la agencia de noticias ANDAR acompañará el reclamo de la UTT-CTEP y realizará presentaciones a los fines de poder revertir el carácter regresivo y discriminatorio de esta política ministerial.