A través de un comunicado que llegó a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dispuso que, a partir de ahora, las directoras deberán denunciar, a través de la aplicación Provincia Seguridad y luego ratificándola en la fiscalía, cualquier situación de conflicto que suceda en las escuelas como las amenazas de bomba que se han reiterado en muchas ocasiones en los últimos días.

De esta manera, la Dirección de Escuelas podrá pasar a ser particular damnificado con lo cual tendrá un rol activo ante este tipo de hechos. “De esta forma, el Ministerio puede aportar y contribuir a la Justicia como particular damnificado poniéndose a disposición y colaborando con la investigación”, informaron desde la cartera provincial.

Vale recordar que en las últimas semanas cientos de escuelas han tenido que suspender sus actividades ante las reiteradas amenazas de bomba. En este caso lo que se busca es que el Ministerio de Educación pueda sumarse a la causa judicial y realizar aportes que puedan ser significativos para dilucidar las responsabilidades de la situación de conflicto.

“Se estableció un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a las escuelas. El objetivo es tener un rol activo ante este tipo de hechos y que para que la cartera educativa pueda ser admitida por la Justicia como particular damnificado”, señalaron.

A continuación se detallan los puntos del protocolo que se envío a las jefaturas educativas de la provincia. En el mismo se aclara que “la presente comunicación tiene como objetivo establecer un protocolo de acción ante situaciones de conflicto o problemáticas graves detectadas y que afecten a los establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación”.

Paso a paso

Se considera situaciones de conflicto o riesgos graves aquellos contemplados en el artículo 115 del Reglamento General de Instituciones Educativas Decreto 2299/11, en particular, puntos 4 y 7 que son descriptas como “situaciones de vulneración de derechos de alumnos” y “delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella”. También se enumeran, entre otras situaciones el “incendios, manipulación y estibaje de riesgos químicos y otros siniestros” y “los riesgos propios de cada comunidad educativa”.

Ante la detección de algunas de esas situaciones en establecimientos educativos, se deberá cumplir con el siguiente protocolo de acción:

1- Al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo de la escuela del acaecimiento de una de las situaciones contempladas, deberá:

a. Formular de inmediato la denuncia en la aplicación “provincia seguridad”, en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada, por ante la fiscalía de turno.

b. Formular la denuncia correspondiente ante la fiscalía de turno o en su defecto ante las autoridades policiales.

c. Comunicar de forma inmediata al Inspector de Enseñanza, quien trasladará la información a la Jefatura de Distrito y ésta a la Jefatura de Región correspondiente.

d. En el caso de instituciones educativas de gestión privada, la comunicación se efectuará directamente al Inspector Jefe de Región de Gestión Privada. Se solicita respetar las vías de comunicación definidas a fin de garantizar una comunicación rápida y efectiva a través de los canales correspondientes.

2- El Inspector Jefe de Región deberá comunicar de la situación al delegado de la Dirección de Legal y Técnica Educativa, a fin de que el mismo tome vista de la denuncia y actuaciones cumplidas.

3- El Delegado de Legal y Técnica Educativa informará a su superior (Dirección de Legal y Técnica Educativa), y dentro de las 24hs se presentará ante Fiscalía para tomar vista. Cumplido, informará sobre el estado de las mismas a su Superior.

4- Dentro de las 48hs, el delegado deberá presentar un escrito ante la Fiscalía de Instrucción, mediante el cual la DGCyE se presenta, se pone a disposición de la Fiscalía y ofrece colaboración para la investigación.

5- El Inspector Regional deberá, en forma simultáneamente a lo establecido en el punto 2 (comunicación del Delegado de Legal y Técnica), informar a la Dirección de Inspección General, quien a su vez informará a la Dirección Provincial de Gestión Educativa, y ésta a la Subsecretaría de Educación. En la comunicación se consignará en el asunto del correo electrónico “situación de conflicto grave/delito”, a fin de identificar rápidamente la situación de conflicto.

6- La Dirección de Legal y Técnica Educativa y la Subsecretaría de Educación informarán a la Dirección Provincial de Legal y Técnica.

7- La Dirección Provincial de Legal y Técnica trasladará la información a la Fiscalía de Estado (Secretaría Penal), a fin de que éste asuma el rol en representación de la DGCyE como particular damnificado, con el cometido de llevar adelante el ejercicio de los Derechos y Deberes que irroga dicha figura.

8- Sin perjuicio de la admisión de la DGCyE como particular damnificado, la Dirección de Legal y Técnica Educativa a través de su delegado se presentará y acompañará todo elemento de prueba que coadyuve con la investigación, la cual deberá ser facilitada por las autoridades escolares e inspectores al solo requerimiento del Delegado.

9- En caso de determinarse elementos conducentes de la participación de un alumno en el hecho, el delegado de Legal y Técnica Educativa notificará al Inspector Jefe Regional a fin de que éste arbitre las medidas disciplinarias y de acuerdo a las Normas de Convivencia correspondientes de cada institución.