El boleto del transporte público es un precio político

Por: Leandro Amoretti (*) | Lunes 08 de Enero de 2018

Un ajuste multimodal. Si hay algo que caracteriza a Cambiemos es una fuerte capacidad comunicacional al servicio de una disputa cultural de largo aliento sobre el rol del Estado en la vida social. Bajo una polarización simplificada y facilitada por un tratamiento mediático en muchos casos descaradamente favorable, el Gobierno impone medidas de ajuste sobre las mayorías populares al mismo tiempo que hace un particular esfuerzo por relativizarlas y justificarlas.

El aumento de las tarifas del transporte público recientemente anunciado es un ejemplo claro de esto. No existen dudas sobre que su motivación es seguir con el recorte. Es decir, ajustar en términos reales los subsidios y así aliviar el déficit fiscal. Esta es una tendencia que va camino a profundizarse, mientras al mismo tiempo siguen creciendo los pagos de los intereses de la deuda pública.

El nuevo boleto multimodal ya firmado para el área metropolitana, y hasta ahora sólo sugerido para la región del Gran La Plata, presenta un ajuste concreto para el bolsillo de los usuarios y ninguna mejora en el sistema. El boleto de colectivo pasará de los $6 que sale a la fecha (en su tramo más corto) a $10 en mes de Junio. El sistema multimodal implicará descuentos en las combinaciones de transporte, los cuales son bienvenidas, pero no logran mitigar el incremento de las tarifas, en primer lugar porque los incrementos son muy elevados (del 66%) y además porque sólo una porción pequeña de los usuarios realiza combinaciones (el 20% aproximadamente).

Además, el aumento del boleto se vuelve más cuestionable en un escenario de altas expectativas de inflación, paritarias cargadas de tensión y la liberalización del mercado de combustibles. En este marco el gobierno ajusta el gasto público, reafirma su voluntad de profundizar una redistribución regresiva de los ingresos y avanza en el debate sobre el rol del estado en la economía.

Lo político del precio del boleto. En la economía hay precios y precios políticos. Las tarifas de los servicios y del transporte público son ante todo valores políticos, principalmente porque impactan directamente en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. En el caso del transporte, los subsidios al boleto significan una redistribución progresiva del ingreso, porque los usuarios son quienes van a trabajar o estudiar todos los días sin auto propio, y a su vez orientan las políticas urbanas y de movilidad, desalentando el uso del automóvil.

Ahora bien, el problema se presenta cuando el esquema de subsidios se vuelve inconsistente con un sistema de transporte diagramado desde el sector privado, mediante presiones, en búsqueda de rentabilidad. Aquí asoma otro debate de fondo que lleva a la propuesta de la estatización del servicio, a mi parecer la medida correcta para avanzar en un mejor sistema de transporte. A la larga, subsidiar la ganancia de empresas privadas ofrece el peor rol para el estado, el del “amigo tonto”. Bajo gestión estatal el sistema de transporte urbano amplía los márgenes de las políticas urbanas y redistributivas, hoy restringidas a alimentar un sistema en manos privadas y diseñado con otras lógicas.

El nuevo sistema multimodal garantiza un descuento para el usuario que más medios utiliza, y no para los trabajadores de menores ingresos. Y como decíamos, la mayoría de los usuarios utiliza sólo un medio de transporte por cada viaje.

En la ciudad de La Plata, de acuerdo a datos publicados por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata en 2013, el uso del transporte público se eleva en las zonas más alejadas del casco urbano y con bajos indicadores socioeconómicos. El 52% de los habitantes de la zona oeste utilizan el transporte público, en el sur la cifra es del 40%, y en el este de 38%. El incremento del boleto recaerá principalmente sobre estos sectores sociales.

Además, el sistema de transporte urbano funciona bajo un esquema deficiente en sus recorridos y frecuencias, ordenado por criterios de ganancia empresarial. Esta situación afecta el crecimiento habitacional de la ciudad y la congestión del casco, ya que allí se concentra la rentabilidad. La consecuencia es una retroalimentación negativa: más autos en el casco por la mala calidad del servicio y una menor expansión del servicio por falta de interés empresarial (y gubernamental).

En el corto plazo, el debate político quedará centrado en los subsidios, a los que hay que defender y reestablecer, exigiendo que estén sujetos a mejoras en el servicio y a la ampliación de los recorridos. De este modo se evitaría la pérdida del salario real que impulsa para este año el gobierno de Cambiemos, y también la suba de la inflación. En el mismo sentido, el impulso de un boleto obrero debería ser una tarea ineludible de las organizaciones sindicales.

Mientras tanto, el debate de fondo continúa centrándose en la planificación y gestión estatal de un servicio esencial como lo es el transporte público, y en rol del estado como hacedor de política económica para construir una sociedad con justicia social y dignidad.

(*) Economista y referente de Patria Grande.

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