Con la comida chatarra en la mira, una red de organizaciones creada por UNICEF Argentina promueven políticas escolares para prevenir el sobrepeso infanto-juvenil.

Se trata de un documento realizado por la “Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes”, que cuenta con el respaldo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Walter Martello.

En territorio bonaerense, un relevamiento realizado por el Observatorio determinó que 1 de cada 4 niños come golosinas o snacks todos los días, mientras que uno de cada tres bebe gaseosas o jugos azucarados diariamente. Además, el 54% no realiza actividad física, más del 70% le agrega sal a las comidas y un porcentaje similar nunca recibió consejos nutricionales de parte de un profesional.

En ese contexto, Martello destacó la necesidad de ir configurando un nuevo marco normativo a nivel nacional y en avanzar en la reglamentación de la ley provincial sancionada hace 4 años que, además de promover la alimentación saludable, limita el expendio y la publicidad de comida chatarra en ámbitos escolares.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia también se refirió a la decisión adoptada por 13 compañías líderes, en la industria de la alimentación y de las bebidas, de “autorregular” la publicidad destinada a menores de 12 años de productos de escaso o nulo aporte nutricional. “Es positivo que la industria tome conciencia de lo que significa el sobrepeso y la obesidad infantil, en un país como la Argentina que tiene algunos de los indicadores más alarmantes del continente. Ahora bien, una autorregulación privada y voluntaria, como la que propone el sector empresario, resulta insuficiente. Debe intervenir el Estado en todos sus niveles -nacional, provincial y municipal- e ir hacia una reforma legislativa que implique, por ejemplo, que se estampe la leyenda “ALTO EN” en paquetes y envases de aquellos alimentos y bebidas que tengan excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas”, remarcó Martello.

La mencionada “Coalición Nacional” es una red de organizaciones de la sociedad civil creada en noviembre del año 2017 gracias a la iniciativa de UNICEF Argentina y la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC). Su objetivo principal es promover políticas públicas que mejoren el entorno alimentario y, de esta manera, contribuir a la prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

En relación a la oferta de alimentos en las escuelas, desde la Coalición destacan que la exposición repetida a los alimentos influye en las preferencias de consumo. Aseguran que está demostrado que las políticas escolares que eliminan la oferta de alimentos altos en grasas, azúcares y sal son eficaces en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y ayudan a evitar las influencias externas negativas en las preferencias alimentarias.

DESAFÍOS LEGISLATIVOS

Desde la Coalición para la Prevención de la Obesidad Infantil en NNyA afirman que, a nivel nacional, “no existe una normativa integral para la promoción de entornos escolares saludables y prevención de la obesidad con foco en la malnutrición y el sedentarismo". Y advierten que sólo se instrumentan algunos planes desarticulados: el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y el Programa de Sanidad Escolar (PROSANE del Ministerio de Salud de la Nación). 

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, se sancionó en 2014 la ley 14556, más abarcativa que la normativa nacional, y un año después se firmó el decreto reglamentario que estableció como autoridades de aplicación al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Pese al importante avance que implicó esa norma provincial, el gobierno anterior dejó varios artículos sin reglamentar, entre ellos las disposiciones que obligan a impulsar la producción de contenidos específicos, vinculados con la promoción de la salud y la prevención de la obesidad, que sean acordes a cada nivel o modalidad del sistema educativo bonaerense. Tampoco se reglamentó el articulo que dispone la integración en los programas de estudio de las carreras de formación docente.

La ley 14556 obliga a que los establecimientos educativos de la Provincia garanticen el expendio de productos tendientes a promover una alimentación saludable. Para instrumentar esta disposición, el decreto reglamentario estableció un plazo de 90 días para la elaboración de un listado de alimentos mínimos que deberían ofrecerse en los mencionados comercios y otro de 180 días para adecuar los stocks. Ambos plazos se encuentran vencidos. Si bien en la actualidad existe una participación activa por parte de nutricionistas en la elaboración de los menús que forman parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en la Provincia aún no se ha logrado avanzar en la implementación de una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS) que abarque a todos los kioscos de las escuelas de gestión pública y privada. De hecho, solo funcionan unos pocos kioscos saludables. Una guía de este tipo ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y otras jurisdicciones del país.