La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó que se convoque a una audiencia pública “ante la ausencia de información pública sobre el contenido, forma y funcionamiento de este nuevo código de convivencia, para su discusión plural y democrática con participación de todos los actores de la sociedad civil”.

El organismo advierte que esta normativa se inscribe en una “política restrictiva, recaudatoria y represiva que atenta principalmente contra los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”.  Y que “la decisión de legislar sobre el uso del espacio público y las prácticas de la vida cotidiana en la ciudad requieren de un debate serio, abierto y plural con participación de todas las instituciones y organizaciones sociales interesadas en discutir sobre este tema”.

En ese sentido, y ante el inminente tratamiento legislativo del código de convivencia, la CPM envió una nota al presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, solicitando que se convoque a audiencia pública para discutir y buscar consensos de fondo antes de su sanción.

"Este proyecto se presenta en un marco de ausencia de información pública sobre su contenido, forma y funcionamiento", señala el escrito. Y agrega: "Los espacios de debate que se promovieron hasta ahora se difundieron casi sin antelación impidiendo la participación de instituciones y organizaciones sociales". Una vez más, la CPM insiste que estos debates deben darse de cara a la sociedad.

En estas semanas previas, y ante la preocupación por el avance de este anteproyecto de ordenanza, la CPM participó de distintos espacios de debate colectivo con otros organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales, gremios, cooperativos de trabajo, inmigrantes y colectivos feministas. Estos fueron los actores que se movilizaron de manera masiva en el centro de la ciudad para rechazar esta propuesta.

En el comunicado, además, exponen que “a poco de crearse la Guardia Urbana de Prevención, el poder ejecutivo del Municipio de La Plata propone avanzar con una nueva normativa que, de acuerdo al anteproyecto de ordenanza que circula, restringe aun más derechos y el uso del espacio público, persigue fines recaudatorios y criminaliza la protesta social, la economía popular, el trabajo sexual y la cultura”.