La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino en el caso de las detenciones de Verónica Piana y Alejandra Simeone, quienes estaban filmando el momento en el que un joven era levantado de la calle por efectivos policiales. Lo hizo presentando habeas corpus en su favor, pero además informando que no hay ninguna ley que impida registrar el procedimiento de los funcionarios públicos.

La postura de ese organismo bonaerense está explicitado en una nota publicada por su agencia de noticias Andar, en la cual también se reivindica la posibilidad de los ciudadanos de controlar el accionar de las fuerzas de seguridad y se informa que para que haya "resistencia a la autoridad", tal cual los imputaron, "el personal tiene que dar una orden legítima", cosa que "no ocurrió". 

En el episodio en cuestión, ocurrido el miércoles, fueron aprehendidas tres personas: Piana, Simeone y el joven que estaba siendo levantado mientras dormía en la vía pública en la zona de 5 y 54. La joven pasó la noche en la Comisaría 12da. de Villa Elisa y ambos varones en la 1era. de 53 entre 9 y 10. La nota de Andar informa además que ambas dependencias tienen los calabozos inhabilitados para alojar personas por orden judicial y administrativa.

Al recibir la información la Comisión por la Memoria (CPM) intervino inmediatamente acercándose a las comisarías y presentando un Habeas Corpus ante el juzgado de garantías Nº 3 en turno, a cargo del juez Pablo Reale. "La medida no se trató inmediatamente y se terminó rechazando en abstracto este mediodía cuando todos los aprehendidos esperaban a declarar", se informa.

Si bien todos quedarían en libertad el proceso continúa y de no llegar a un sobreseimiento por falta de pruebas pueden quedar con antecedentes. Desde el organismo subrayan su preocupación por el accionar policial, por el que realizaron presentaciones en Asuntos Internos, y las prácticas judiciales que terminan validando la violación de derechos.

"Tras una intervención policial desproporcionada con uso de violencia física, la policía imputó a dos personas cuando no había fundamentos para que se configure el tipo penal. Es válido que los y las ciudadanas controlen o registren el accionar de funcionarios públicos; para que haya resistencia a la autoridad el personal te tiene que dar una orden legítima. Eso no ocurrió. Tampoco el fiscal en turno, Marcelo Romero, agilizó los trámites para evitar que las personas permanezcan detenidas innecesariamente en calabozos que además no son aptos para alojarlas según la misma justicia. Ante el Habeas Corpus el juez tampoco dispuso la libertad ni tomó contacto de forma personal e inmediata con los aprehendidos", dice uno de los párrafos.

En tanto se informó que la CPM lleva adelante un registro de casos de violencia policial. Al tomar conocimiento de un hecho de violencia policial, cualquier usuario podrá ingresar al formulario alojado en la web de la CPM y cargar la información del caso: lugar, fecha, víctimas, práctica ilegal (gatillo fácil, agresiones, detenciones o allanamientos irregulares, entre otros), fuerzas que intervinieron y otros datos.

"La construcción y sistematización de esta información será un importante insumo para intervenir y discutir las políticas en materia de seguridad ya que se trata del primer registro público y digital para documentar las prácticas policiales que cotidianamente vulneran los derechos humanos, se indicó.