El próximo 8 de marzo, miles de mujeres encabezarán un nuevo paro internacional que copará las calles de Argentina y otros 50 países. Los femicidios y otros tipos de violencia física, el acoso y la desigualdad salarial son sólo algunas de las formas de discriminar por género que motivan las denuncias más resonantes que se visibilizarán alrededor del mundo. Pero, ¿qué es la violencia de género digital? ¿Cuánto se sabe sobre este tipo de violencia? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que son víctimas de este flagelo cibernético? Las trabajadoras de la Fundación Activismo Feminista Digital elaboraron un informe que echa luz sobre algunas de estas cuestiones y pone sobre el tapete la dimensión de estas agresiones: en el transcurso del 2017, la organización recibió entre cinco y seis denuncias diarias por acoso virtual y publicación no consentida de material íntimo. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de conductas no están penadas por la ley. Por eso, desde la entidad que fundó y preside Marina Benítez Demtschenko -quien sufrió la violencia digital en carne propia- impulsan un proyecto de ley que pretende hacer frente al vacío legal que existe respecto de la violencia de género digital. No es todo: en una entrevista con Infoplatense, las representantes de la fundación proponen, además, que la voz de las mujeres se potencie tanto en las calles como en el plano online. “Apropiémonos de la tecnología, organicémonos y tomemos las redes. Usemos Internet de forma pro-activa: promoviendo, denunciando y enlazando. Con responsabilidad y sin miedo”, animan a sólo semanas del #8M.

La historia de la Fundación Activismo Feminista Digital está atravesada por la historia personal de la abogada platense Marina Benítez Demtschenko, quien en 2012 descubrió que su ex pareja S.M. mantenía diálogos virtuales con otros hombres haciéndose pasar por ella. Según la denunciante, en estas charlas -que transcurrían por mail o mensajes privados de Facebook- S.M. estimulaba a sus interlocutores con fotos íntimas de Benítez Demtschenko, que habían sido sacadas durante los cinco años en los que mantuvieron una relación. “La mayor parte de los hombres que fueron contactados mantuvieron charlas de nueve o diez meses con este perfil falso, así que recibieron un cúmulo enorme de fotos”, recuerda Marina, quien por esos días fue víctima del acoso y hostigamiento de una veintena de hombres que se le insinuaban en las calles, convencidos de que había sido ella con quien habían chateado.

La viralización de las imágenes fue tal que llegó a la computadora de un vecino de la infancia de Marina, quien le siguió el juego a S.M. para recolectar las primeras pruebas. Así se inició el camino judicial, que derivó en el allanamiento y posterior secuestro de 4 computadoras, 8 teléfonos celulares y un arma sin habilitación que estaban en posesión de su ex pareja. Sin embargo, Benítez Demtschenko, que ya era abogada, se encontró con un vacío legal preocupante: la difusión no consentida de imágenes íntimas no está penada por la ley, por lo que las víctimas de violencia digital sólo pueden llevar sus demandas al fuero civil. “El agresor logra destrozarte la vida, pero después saca un préstamo para pagar lo que sentenciaron en tribunales y listo”, se lamenta María Eugenia Orbea, abogada y secretaria de la fundación. Y explica que hay “una multiplicidad de derechos” que están dañados frente a estos ciberflagelos: el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la integridad psíquica y sexual, al honor y a la vida sin violencia. “Son todos daños para los que la justica prevé sólo una reparación económica y te los engloba en la categoría de 'daño moral'. Así, no se tiene en cuenta la magnitud del sufrimiento de la víctima, como si lo que pasara en Internet quedara ahí”.

Lo que ocurre con la violencia de género digital, afirman las integrantes de la fundación, guarda tristes similitudes con el resto de las violencias que sufren las mujeres, pero también, tiene dos significativas -y peligrosas- diferencias: la primera es la velocidad de la viralización del material difundido, que potencialmente puede llegar a “redifundirse y republicarse”, por lo que pasa a formar parte permanente de la identidad digital de la mujer. “El efecto dañoso es inconmensurable, porque esto empieza hoy y termina nunca más”, especifica Benitez, que mantiene vigentes varias causas y expedientes contra su ex pareja, quien violó al menos en cuatro oportunidades las restricciones perimetrales que dictaminó la justicia en estos años, según denuncia la mujer.

La segunda particularidad de la violencia digital es que, utilizando la metodología virtual, quien infringe el daño logra que se multiplique la cantidad de “brazos agresores”. “El tipo que tira el contenido es uno, pero eso le llega a miles del otro lado. Entonces se potencia el nivel de peligro a niveles incontables. Una vez que algo está  en la red lo ven millones de personas. Con lo cual el peligro deja de ser virtual y pasa a tener consecuencias directas en el mundo offline”, agrega Orbeo y afirma que 24 horas son suficientes para que el contenido en cuestión “viaje por todos lados”. 

Ante este panorama, la fundación elaboró un proyecto de Ley que propone una modificación en el Código Penal. La iniciativa, que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, prevé la tipificación de tres figuras penales específicas: la difusión no consentida de material íntimo por vías tecnológicas, el acoso virtual (persecución, hostigamiento, acecho) y el acceso indebido a sistemas informáticos (hackeo), con la incorporación explícita de las redes sociales.

Desde las oficinas de la Fundación -que tiene una sede en La Plata y otra en Capital Federal-, Benítez Demtschenko y sus colegas recurren a las cifras para dar cuenta de la magnitud de esta problemática y la urgencia por que el proyecto de ley avance: según se desprende de un relevo que realizaron el año pasado, en 2017 la Fundación recibió entre 5 y 6 consultas diarias de víctimas de este tipo de maltrato. “Hicimos el primer informe de violencia de género digital del país y nos encontramos con que no hay cifras oficiales del Estado”, explica la presidenta y fundadora del organismo, quien denuncia, además, que en casos como el suyo “la víctima va la comisaría y se encuentra con muchísimos obstáculos. Hay una gran falta de capacitación y las mujeres sufran una doble victimización ejercida por los oficiales. Esto tiene una repercusión directa en las ‘cifras negras’: todos esos casos que dejan de ser denunciados, pero que existen”.

Las cosas por su nombre. Tanto en lo personal como en lo profesional, Benitez Demtschenko encabeza una lucha contra la violencia de género digital desde hace poco más de seis años. Sin embargo, fue entre fines de 2016 y julio de 2017 que la Fundación Activismo Feminista Digital comenzó a operar formalmente. Con la participación de las también abogadas Julieta Luceri y Florencia Cadario -presentes en el diálogo con Infoplatense- el organismo no sólo busca establecer un canal de comunicación directo con las víctimas, sino también incurrir en el campo de la educación digital e instar a las mujeres a “apropiarse” de la tecnología. Además, las abogadas insisten en la necesidad de utilizar el lenguaje adecuado para referirse al flagelo cibernético. En ese aspecto, dicen, el rol de los medios de comunicación es clave. Y aseguran que, por estos días, la búsqueda es que se instale el término violencia de género digital. “No hay difamación, no hay ‘video hot’ y no hay 'pornoveganaza', porque si decís 'venganza' da la connotación de que vos hiciste algo para que te ocurra esto”, especifica Marina.

Sus compañeras agregan un ejemplo elocuente: recuerdan que, hasta hace pocos años, se empleaba el término “crimen pasional” para referir a un femicidio. “Nosotras buscamos lo mismo. Necesitamos generar ese cambio. Porque si queremos modificar algo, tenemos que llamar las cosas por su nombre: no es 'porno venganza', es violencia digital”, sentencian.

En este tramo de la charla, Marina Benitez Demtschenko recuerda que en 2012, cuando descubrió que era víctima de la agresión cibernética de su ex pareja, las historias como la suya no tenían resonancia en los medios. “Recién empezaban a conocerse los casos de Florencia Peña y algunas otras famosas, pero nunca se hablaba de las mujeres comunes”, relata. Y refiere a aquel tiempo como “el peor momento de su vida”.

En este aspecto, la presidenta de la Fundación señala que, cuando se ultraja la intimidad de una mujer, opera en simultáneo una suerte de “condena social” que la obliga a retraerse, “como si ella fuera la culpable”. La propia Marina pasó algún tiempo aislada: “Hay una toma de acciones contra la mujer damnificada por parte de  su grupo social que es terrible. Mucha gente dice ‘ella quería filmarse, nadie la obligó’, por eso nosotras insistimos en que una cosa es que una mujer haya producido ese material en el marco de una relación, pero otra muy diferente es que el agresor lo difunda sin su consentimiento”. Por eso, advierten, es importante que los medios masivos refieran adecuadamente a estos temas: “Tenemos que trabajar para generar conciencia social y que este tipo de violencia no se naturalice ni se banalice”.

Usuarias responsables, no temerosas. Estas cuatro mujeres –al igual que otras miles en todo el país-  se preparan para marchar juntas el próximo 8 de marzo. Y entre varias de las consignas que las impulsarán a salir a las calles, hay una que representa el espíritu de la Fundación Activismo Feminista Digital: empoderar a las mujeres en su uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). “Queremos que las mujeres salgan del lugar pasivo para utilizarlas de forma proactiva: promoviendo, enlazando, denunciando”, dice Julieta Luceri, mientras el resto asiente.

La fundación promueve un uso consciente de redes sociales, para que las mujeres puedan ser “usuarias responsables pero no temerosas”. Así, se espera que se tengan en cuenta las configuraciones de privacidad de cada red social y que se haga una selección consciente del material que cada mujer vuelca en sus perfiles, pero sin perder de vista que cada una tiene “derecho de expresase libremente y vivir su vida y su sexualidad como se le ocurra”. Para explicar el espíritu de  esta iniciativa, usan un nuevo ejemplo: dicen que si en el plano offline se busca culpabilizar –“y disciplinar”- a las mujeres diciendo “no salgas a la calle con pollera corta”, en el plano online esa aseveración tiene un correlato claro: “Le dicen a la mujer ‘no te filmes, no te saques fotos’”.  Por eso, desde la entidad, trabajan para que las usuarias pierdan el temor a su presencia en Internet: “Le decimos a cada mujer: expresate, usá tus redes, aprendé a usarlas. Hacemos hincapié en la idea de educación digital: hay que saber cómo se utilizan y cómo se optimizan, porque eso forma a las internautas mujeres para que tengan una voz propia”. 

La Fundación tiene su epicentro en el quinto piso de un edificio céntrico de La Plata. Allí las mujeres se miran, se escuchan y van enlazando una idea con otra. Sobre el final de la conversación dicen que, en los últimos años, el uso que el Ciberfeminismo hizo de las TIC logró grandes impactos: el #NiUnaMenos a nivel local y el #MeToo en la esfera hollywondense son los máximos exponentes de este fenómeno.  

Ahora, la charla está a punto de concluir y Marina hace una última referencia a su historia que es, a la vez, la historia de muchas. “El poder como usuarias es muy importante. Cuando sufrimos violencia digital quizás decimos ‘como a mí me pasó esto yo desaparezco y mi voz en Internet se inivisibiliza y se apaga’. Porque eso es lo que plantea la violencia: callate, sé sumisa. Así que proponemos lo contrario: las mujeres tomamos las redes, nos organizamos y salimos juntas”.

La próxima cita ya tiene fecha señalada en el calendario: el 8 de marzo, las mujeres de Argentina y otros cincuenta países alzarán su voz (y sus teclados) contra la violencia machista.