El gobierno de María Eugenia Vidal dio carácter oficial a la resolución de la cartera educativa mediante la cual se disolvió la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el organismo dependiente se encargaba de la puesta en marcha de obras en las escuelas y jardines del distrito, decisión que generara una reacción de los trabajadores, a muchos de los cuales no se les renovó el contrato, quien mantuvieron una permanencia en el edificio.
La oficialización de esa medida, cuyo fundamento más importante habla de "superposición de tareas y funciones", fue realizada a través de la resolución 2017-2412-E de la Dirección General de Cultura y Educación, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro del área, Gabriel Sánchez Zinny.
Los cambios, que son una reestructuración del área, incluyen la supresión de la Unidad Ejecutora Provincial juntamente con la Dirección Provincial de Administración y Control de Programas, Dirección Provincial de Administración de Recursos, Dirección Provincial de Administración de Infraestructura y Dirección Provincial de Coordinación Legal.
Desde el momento en que el ministro emitió la resolución, 364 trabajadores del área fueron ceasanteados, pero de acuerdo a información oficial, luego, el 75% de esos empleados fueron reincorporados y se les asignaron nuevas tareas dentro del Ministerio de Educación bonaerense.
Según los trabajadores son 80 los que no fueron reasignados. Por eso siguen con medidas de visibilización del conflicto que incluyen acciones callejeras, como el "semaforazo" realizado el lunes en 7 y 50.
En ese momento, el ministro precisó que a partir de enero de 2018 "todas las obras se ejecutarán desde la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) y la Subsecretaría Administrativa".
Explicó además que la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Políticas Docentes y Gestión Territorial, y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la Dirección de Escuelas, "tendrán a su cargo el resto de las misiones, tareas y funciones que tenía la UEP".
