Un conjunto de gremios estatales, entre los que se encuentran ATE, AJB, CICOP y el Frente de Unidad Docente, han unificado sus reclamos al gobierno provincial en la realización de acciones conjuntas. Así, este martes montarán una carpa en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, en defensa de “un Estado para las mayorías populares”.

Además, preparan para el 5 de abril una gran movilización a la Casa de Gobierno planteando un cambio de rumbo en la negociación salarial y un cambio en las políticas sociales del gobierno provincial.

El secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, señaló las motivaciones de estas acciones: “Hemos asumido el compromiso de avanzar en unidad en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial y bregar por un Estado más democrático, participativo y popular que permita mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses”.

“Exigimos que se abran todas las paritarias teniendo en cuanta que solo está abierta la de los docentes. Exigimos que se pongan en marcha las paritarias de la Ley 10.430 que engloba a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración central, auxiliares de la educación, trabajadores de niñez, enfermeros, etc. También que se inicie la paritaria de los profesionales de la salud, así como también la de los judiciales”, dijo de Isasi.

Ampliando que, “entendemos que la discusión por el salario se debe dar al mismo tiempo porque el sueldo se ha depreciado en todos los estratos del Estado y todos necesitamos una recomposición salarial. Por otra parte, necesitamos que esta discusión salarial sirva para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años y que alcance la de la inflación del 2018.En este contexto rechazamos la oferta salarial del 15% de aumento en cuotas a los docentes, ya que la consideramos insuficiente”.

Otro de los puntos centrales acordados entre los gremios es el de la defensa de la fuente laboral.

 “Exigimos el fin de los despidos en los distintos estamentos del Estado. Planteamos el pase a planta permanente de los que realizan tareas precarias, que son cerca de 15 mil en la provincia y miles en los municipios y en el Estado nacional”, señaló el dirigente gremial.

A su vez, los gremios reclaman el cese del vaciamiento del IOMA y del IPS. “Deben estar conducidos por los trabajadores y trabajadoras que somos sus legítimos dueños porque lo sostenemos mes a mes con nuestro salario”, dijo de Isasi.

“Denunciamos que a partir de la incorporación de personal que no aporta a la caja jubilatoria por decisión del gobierno a través de la contratación de personal de manera precaria, como lo es el contrato autónomo creado por la gestión Vidal, intentan desfinanciar la caja jubilatoria para de esa manera armonizarla con otras cajas. Reivindicamos al IPS como ejemplo en Latinoamérica”.

Asimismo, en el documento firmado por las distintas entidades gremiales se señala la defensa irrestricta del Astillero Río Santiago, exigiendo inversión en tecnología, seguridad laboral y la liberación de las cartas de crédito para poder cumplir con los compromisos.

Aumentar el presupuesto en infraestructura escolar, dignificar y jerarquizar la tarea del trabajador de la educación (Auxiliar, administrativo y docente) con salarios dignos y estabilidad laboral, no al cierre de escuelas y plena vigencia de los bachilleratos para adultos. “En  este contexto, en los trabajadores auxiliares de la educación la restitución de la resolución 2066, que fue una construcción colectiva que mejoró el funcionamiento en eficiencia y eficacia”, apuntó de Isasi.

Más inversión en salud. No a la CUS porque renuncia a la salud como derecho, inversión en el sector sanitaria, con privilegio en la atención primaria, dignificando la salud pública y jerarquizando la tarea de los trabajadores y trabajadoras.

En niñez, que se financie en los 1000 centros locales necesarios para que se desarrolle con plena vigencia la Ley de Promoción de la Niñez y la Adolescencia. Contra el vaciamiento y cierre de programas, cierre de hogares, persecución y control de personal y malas condiciones laborales y edilicias.

Exigimos políticas activas y más presupuesto en desarrollo social para los desocupados.