“Que la gobernadora diga esto tiene que ver con un desprestigio a mi persona y una manipulación política porque el Poder Ejecutivo no puede desconocer una sentencia judicial que es de público conocimiento y determina la cifra oficial de fallecidos”.

Los dichos son la respuesta del juez platense Luis Arias a la afirmación de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien durante una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la AmCham, había desconocido el número de muertos que dejó la fatítica inundación del 2 de abril de 2013. “En 2013 tuvimos muertos que todavía no se pueden ni contar”, dijo la mandataria.

Fue Arias quien investigó las muertes en La Plata, y contradijo al gobierno de Daniel Scioli, que había cerrado de manera caprichosa la lista de muertos en 51. Arias buscó hasta determinar la muerte de al menos 89 personas a causa de aquella inundación. Luego, la Cámara de Apelaciones bonaerense en lo Contencioso Administrativo de La Plata le dio la razón.

En declaraciones al portal Infocielo, el magistrado agregó: “Fue una investigación que demandó más de un año y el fallo tiene cerca de 200 páginas”. Además de la cantidad de muertes, el fallo informa que se detectaron otros 16 fallecimientos posteriores al 2 de abril, pero que no pudieron confirmarse fehacientemente que se hayan producido a causa del temporal.

“Duele la manipulación de la información porque no fue un hecho cualquiera, fue el más trágico que padeció la región”, destacó el juez. Y más: “Si bien hubo casos que se presentaron posteriormente, todavía no están determinadas las causas, pero el fallo está publicado y es producto de mucho trabajo”.

El dictamen, también ordena al Registro de las Personas que “consigne mediante una anotación marginal que deberá constar en cada una de las actas de defunción correspondientes a las personas” que se mencionan en este fallo que fueron “víctimas de la inundación”.

Y exhorta a la Legislatura bonaerense y al Poder Ejecutivo a que “regulen, adapten y/o modifiquen los procedimientos y prácticas que permitieron la consagración de irregularidades verificadas en la causa. No se puede ignorar la inusitada gravedad de la actuación del Estado Provincial en los procedimientos dirigidos a dificultar la investigación y en consecuencia a ocultar la verdad de las causas y circunstancias en las que fallecieron las víctimas de la inundación”.

En el dictamen, se destaca que “el jueves 4 de abril de 2013, a sólo dos días de ocurrida la tragedia, el Poder Ejecutivo, de manera apresurada y sin investigación previa alguna, intentó dar por concluida la cuestión dando a conocer a través de los medios de comunicación un listado de 51 personas fallecidas a causa del temporal, cerrando el cómputo a modo de un numerus clausus”.