Las organizaciones de pequeños productores y productoras hortícolas, tamberos y avícolas del campo bonaerense anunciaron en conferencia de prensa que endurecerán las medidas de fuerza luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal y los municipios de La Plata, Berazategui y Florencio Varela “incumplieran la promesa de declarar la emergencia agropecuaria”.

En ese marco, referentes y lideresas de las agrupaciones convocantes adelantaron que participarán de la Marcha Federal que encabezarán organizaciones sociales el próximo 28 de mayo desde distintos puntos del país y confluirá el 1° de junio con un acto frente al Congreso, donde se presentarán proyectos de Ley, entre los que se encuentra el de la Agricultura Familiar.

Además, manifestaron que, de no contar con respuestas concretas por parte de las administraciones provincial y municipales, realizarán un paro general quintero; y denunciaron que, en estas condiciones de producción, se están perdiendo miles de puestos de trabajo.

Asimismo, esta mañana mantuvieron un encuentro de trabajo en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense con legisladores y legisladoras de distintos bloques que impulsan proyectos para declarar la emergencia agropecuaria.

Los anuncios de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), FARC (Frente Agropecuario Regional Campesino), ASOMA (Asociación de Medieros y Afines), FNC (Federación Nacional Campesina), el Frente Agrario Evita y el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena) forman parte del plan de lucha que iniciaron la semana pasada, cuando miles de trabajadores y trabajadoras rurales se movilizaron en La Plata para pedir políticas para reactivar la producción, ya que se encuentra sumidos en una profunda crisis por los tarifazos, el encarecimiento de los insumos esenciales para la producción por la devaluación del peso y las lluvias que castigaron la zona en los últimos días.

En ese marco, continúan reclamando tarifas diferencias en el servicio eléctrico, gasoil agropecuario sin impuestos, programas y asistencia social ante la crisis, caminos rurales en condiciones, políticas activas para frenar el delito en las zonas rurales y subsidios.