Pese a que dicha recomendación es única en el país, a favor de la reparación de los derechos de los usuarios viales, el goce de los mismos sigue estando vulnerado, informan desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).

En julio de 2017, los usuarios viales bonaerenses lograron una conquista histórica en materia de seguridad vial y derechos del consumidor con la aprobación de la Resolución 57/17, emitida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la misma se recomendó a la Empresa AUBASA S.A que “dentro del Sistema Vial Integrado del Atlántico se incorporen las áreas de Atención al Usuario en ambos lados de la ruta o autovías o que, en su defecto, se prevean pasarelas seguras para peatones u otra forma de acceso a las mismas, a los efectos de resguardar la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por ellas”.

La Resolución 57/17 se originó a partir de un reclamo que elevó al organismo provincial la usuaria vial Tamara Pates, en su carácter de integrante del mencionado CONADUV. En el mismo, se denunciaba que en las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico no existen áreas de atención al usuario y servicios complementarios en ambas manos de la autovía, careciendo también de medios seguros y razonables –puentes, pasarelas, etc.- para que el usuario posea un acceso a las instalaciones y servicios que se proporcionan únicamente de un solo lado de la calzada.

Fue así que el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, entendió que “corresponde contemplar la necesidad de contar con Áreas de Atención al Usuario en ambos lados de la ruta o pasarela para los peatones o alguna otra forma de acceder sin poner en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por el sentido contrario, al lado donde se hallan los servicios a los cuales pretenden acceder”.

Asimismo, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional incorporar estos requerimientos para los usuarios viales “en rutas nacionales, dado que la situación de carencia de servicios en ambos lados de ellas también se repite fuera del ámbito (de los corredores viales provinciales) en la Provincia de Buenos Aires”.

Consultada por este tema, la usuaria vial Tamara Pates, integrante de CONADUV, advirtió que “trascurrido más de un año de haber sido aprobada la Resolución 57/17, es lamentable que el Ejecutivo Provincial y AUBASA S.A no hayan tomado nota de las recomendaciones en torno a completar servicios que hacen a la seguridad vial, viendo también que en 2018  ambos dieron curso a otro tarifazo de hasta un 66% en los peajes del Corredor Integrado del Atlántico, sin que ese dinero se haya invertido en completar la infraestructura faltante”.

Y agregó que “nuestra lucha por revertir la infraestructura incompleta en las estaciones de peajes se inició en 2014 y, desde entonces, convocó la intervención de varios organismos estatales bonaerenses, hasta que obtuvo su reconocimiento con la Resolución 57/17”.  Sin embargo, continúa, “hoy enfrentamos la misma situación que al comienzo de nuestro reclamo: ausencia absoluta de respuesta por parte del Estado”.