El objetivo de la reforma es claro: fomentar la competencia y estimular la inversión en infraestructura de telecomunicaciones. La intención es liberar a los licenciatarios de servicios TIC para que fijen sus tarifas, lo que se espera promueva una competencia más robusta y, en última instancia, mejore la calidad y variedad de los servicios ofrecidos a los consumidores en todo el país.

El nuevo marco legal reafirma la importancia de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, asegurando que los precios sean justos y razonables. Además, se subraya el compromiso del Estado para garantizar el acceso universal a estos servicios.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura, especialmente en áreas rurales y remotas, para cerrar la brecha digital en Argentina. Al eliminar las restricciones de precios, se espera que los licenciatarios expandan sus redes y servicios, ampliando así la cobertura y promoviendo la inclusión digital en todo el país.

El gobierno defiende su decisión argumentando que es esencial considerar las condiciones del mercado en constante evolución para garantizar una competencia saludable y una oferta de servicios de calidad a precios justos. Además, se destaca que la competencia en la fijación de precios es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los servicios de TIC.

Con esta medida, el gobierno busca transformar el panorama de las telecomunicaciones en Argentina. Sin embargo, el éxito de esta empresa dependerá de encontrar un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Se teme que esta desregulación lleve por el mismo camino que vienen tarnsitando las prepagas de salud donde el valor de los planes solo son accesibles para un sector acomodado de la sociedad, en este caso el acceso a internet es primordial para un amplio sector de la población como herramienta de trabajo y/o educación.