Mariano Bruera –hermano del ex intendente platense Pablo Bruera–, Gustavo Petró, Roberto Moreno y Enrique Sette, todos funcionarios de la pasada gestión municipal, quedaron detenidos, acusados en la causa que investiga el pedido de coimas a cambio de rezonificar terrenos para ser comercializados en el marco del plan Procrear. La jueza de Garantías platense Marcela Garmendia confirmó que los cuatro se entregaron en la fiscalía. Ante el fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini, Bruera ratificó su inocencia.

Los exfuncionarios de la gestión encabezada por Pablo Bruera decidieron presentarse a la Justicia luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal ratificara el fallo de la magistrada y dispusiera la detención del hermano del ex jefe comunal, del ex secretario de Gestión Pública (Sette), del ex director General de Planeamiento y Obras Particulares (Petró) y el ex director de Planeamiento (Moreno).

Los cuatro quedaron alojados en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) pero su destino inmediato es la alcaidía “Petinatto” que funciona en el penal Olmos.

Fuentes judiciales indicaron que Bruera ratificó su inocencia frente a Paolini. Y dijo no haber tenido vinculación alguna con Raúl Moriatti, un ex empleado comunal también detenido en esta misma causa. En una de las escuchas que forman parte de la causa, Moriatti vincula al hermano menor del ex jefe comunal con el entramado de corrupción que denuncia el funcionario del ministerio público. También declaró Sette, asistido por el abogado Juan Di Nardo, y Moreno, representado por el abogado Eduardo Gutiérrez.

La causa comenzó en 2014 cuando el vecino y empresario platense Guillermo Andreau denunció que funcionarios del gobierno municipal le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad que luego sería dividido y destinado a beneficiarios del plan Procrear.

El fiscal Paolini tiene en las escuchas telefónicas una de las pruebas en la que basa su acusación. Allí quedan comprometidos tanto Bruera como Petró y Sette. Para el funcionario del ministerio público no hay dudas de que conformaban una "red de corrupción" que operaba desde el palacio comunal de calle 12.

Entre los acusados también está Cristian Ybarra, quien, al igual que Moriatti, fue detenido antes de fin de año. Concretamente, a Sette, Moreno e Ibarra se le imputan los delitos de “exacciones ilícitas y cohecho pasivo” y por formar parte de una asociación ilícita, todos hechos en concurso real. A Petró y a Bruera se les atribuye el “delito de asociación ilícita”.

El pedido de detención había sido ordenado el 19 de diciembre último por Paolini y el Juez Pablo Raele. Las presentaciones del abogado defensor de Bruera, Alejandro Montone, sólo lograron dilatar el arresto.

En el fallo inicial, el tribunal dispuso “denegar el beneficio de eximición de prisión” al entender que “su condición de funcionario público, la importancia del daño patrimonial causado y la circunstancia en que se halla la investigación, puede razonablemente inferirse que el funcionario podría entorpecer la investigación para impedir la obtención de nuevos elementos probatorios”. Además se anticipa que “el aprovechamiento de la estructura funcional, recursos y medios pertenecientes al municipio llevan a considerar que la pena, de recaer condena, será de cumplimiento efectivo”.