La concejal Radical en Cambiemos Florencia Rollié hizo un nuevo pedido de informes sobre los cooperativistas, los juicios que pueden venir, cómo se los transporta y cuánto sale el alquiler de esos vehículos. Esta nueva presentación profundiza la crítica interna hacia el intendente Julio Garro de una edil que se perfila para enfrentarlo en las próximas PASO.

Rollié presentó un pedido de informes en el que solicita el listado de los cooperativistas que se inscribieron en el monotributo social con un detalle de lo que perciben al efecto de poder establecer el gasto total por ese concepto. En el mismo solicita información sobre las atribuciones que tendría una persona de nombre Cristian Bradley "para echar cooperativistas ante la eventualidad de juicios que pudieran recaer sobre el municipio en su carácter de eventual empleador solidario". El proyecto dice textual: "Si el Sr. Cristian Bradley se encuentra nombrado entre el personal municipal o de las cooperativas que prestan servicios para el municipio con la función de supervisión y poder de decisión de echar a los cooperativistas que trabajan en ellas".

La concejal de la UCR en Cambiemos enumera en el mismo pedido de informes una serie de detalles sobre los vehículos que transportan a los cooperativistas y a sus herramientas. Rollié pregunta si el Ejecutivo conoce las condiciones en las que son transportados por ejemplo en “ camiones llenos hasta arriba, con los hombre y mujeres ahí arriba”. Y adjunta en su presentación una serie de fotos de los vehículos cuestionados.

Pide saber si la Municipalidad conoce que "si la chapa patente TKU 828 del micro blanco que transporta a los cooperativistas es la real, si el camión chapa patente KJC 905 tiene el motor de otro vehículo sin que así figure en sus papeles, si dos vehículos -un camión volcador y uno compactador- circulan sin chapas patentes y realizan la recolección de residuos no habituales servicio por el cual cobra la empresa ESUR SA de acuerdo a la adenda firmada por el municipio y dicha empresa, por un monto total de 55 millones". 

Y pregunta además si es cierto que los vehículos cuyas chapas patentes son TKU 828, KJC 905, ACO 976, SWW 650, "aún cuando éstas no coincidan con sus dominios reales, ni cuenten con papeles formales ni seguro contra terceros, perciben en conjunto una cifra aproximada a los 100.000 pesos".

Florencia Rollié explica en los fundamentos "la imperiosa necesidad de contar con esa información por parte de toda la comunidad y hace referencia a que la misma tiene un tiempo lógico para poder ser útil y que entregada a destiempo o negada es la negación misma del derecho a la información pública, que se pretende proteger y que en el último año mereció su aprobación en el Congreso de Nación". 

El pedido de informes invoca la ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 7° en cuanto a los plazos de respuesta y en su Artículo 8° en cuanto a los recursos a presentar vencido el plazo del Artículo 7°, tanto para el cuerpo Deliberativo en su tratamiento, como para el Ejecutivo en su respuesta; con lo que anticipa que la misma, aun cuando sea derivada a la comisión de Legislación para no ser tratada, como ha ocurrido con otros proyectos, tendrá otro tipo de repercusiones posteriores en sede judicial.