En medio de un clima tenso, arrancó en La Plata el juicio por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en los días previos y posteriores al golpe de Estado e 1976, por dirigentes de lo que fuera la CNU (Concentración Nacional Universitaria), vinculada a la derecha del peronismo en esos años. Los acusados sentados en el banquillo son dos personajes conocidos en La Plata: Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares.

La audiencia arrancó pasadas las 11 de este lunes y desde el inicio se vivieron momentos de tensión que se potenciaron cuando los dos acusados ingresaron en la sala y fueron recibidos con gritos de “asesinos” por parte de familiares de víctimas y militantes que allí estaban.

La sala, mucho más chica que la del ex edificio de la AMIA, estaba abarrotada. Mucha gente quedó afuera y tuvo que seguir la audiencia desde afuera, por pantalla. De parte de los acusados no hubo ninguna presencia.

Esa reacción motivó que en ese momento, y en otros posteriores en los que hubo expresiones desde el público, los jueces amenazaran con desalojar la sala.

SACAR LA CRUZ

Antes de la lectura de los cargos, el cual fue el primer tramo de estas audiencias, hubo un entredicho por un planteo de la abogada de la querella, Pia Garralda, quien le pidió al Tribunal que descuelgue el crucifijo de la sala. Los jueces deliberaron y comunicaron que aceptaban el pedido, pero que lo comunicarán a “superintendencia” para que lo realice para la próxima audiencia. 

Las otras querellas son las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Povincia, representados por Micaela Guevara y María Fernanda Barreca, y la. Asamblea por los Derechos Humanos de La Plata, representanda por Marta Vedio.

Al plantear la necesidad de que se baje la cruz de las paredes, la abogada Pía Garralla, querellante por asociación de detenidos desaparecidos junto a Carolina Vilches y María Luz Santos Morón, planteó: “Es un pedido de varias de las víctimas y entendemos que el principio de parcialidad no sólo tiene que expresarse en el veredicto y la sentencia, sino en todo aspecto que implique el debate oral. Las víctimas de este juicio nos hicieron llegar el agravio que implica para ellas presentarse a tomar testimonio frente a un símbolo religioso, no solamente por la discriminación que implica para el resto de los credos o para quienes somos ateos, sino porque el crucifijo tiene una simbología específica para las víctimas por la vinculación y la responsabilidad directa que tuvo la Iglesia Católica con el genocidio argentino”.

Recordó también que en esa misma sala de audiencias se condenó al ex capellán Christian Von Wernich, a quien recientemente el mismo tribunal le rechazó el beneficio del 2x1. “Resultaron un agravio para las víctimas y para la querella las opiniones públicas que ha tenido la iglesia católica en la actualidad” respecto a ese fallo, dijo Garralla, y citó al propio monseñor platense Héctor Aguer.

Después de ese planteo, la defensa de uno de los abogados planteó que su defendido era muy católico y necesitaba el crucifijo, lo cual motivó otra catarata de insultos.

LA CAUSA

La causa llega a juicio de manera fragmentada y juzgará  solo los casos de 7 víctimas en 3 hechos ocurridos entre febrero y abril de 1976, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad.

Existen por lo menos otros tres tramos que investigan delitos cometidos por estas bandas tanto en el periodo previo al golpe como su actuación durante la dictadura.

Procesados en 2011, recién en marzo de 2015 se elevó la causa a juicio acusando a Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales, y a Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos.

Las víctimas fueron trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda.  Ante graves amenazas a uno de los sobrevivientes, en junio de 2012 la Cámara Federal resolvió que todos los testigos/sobrevivientes tuvieran identidad reservada.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año, en ambos casos con robo y violación de los domicilios de las víctimas.

También se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976.

Según fuentes judiciales, en el caso de "Pipi" Pomares,llega acusado por su participación en este último caso que abarca a cuatro víctimas.