El gobierno bonaerense insistió hoy con la necesidad de subir el peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires al considerar que "es lógico que hagan un esfuerzo adicional quienes utilizan las obras de mejoras en la autovía". En tanto, desde la Defensoría del Pueblo se cuestionó el carácter “no vinculante” de la Audiencia Pública y criticó que los usuarios son “castigados en demasía”.
El ajuste de la tarifa fue dispuesto en febrero y suspendido después por la Justicia, asunto que se trató en una
audiencia pública desarrollada en el Colegio de Abogado de La Plata.
"Creemos que es lógico que quienes utilizan las autopistas sean los que hagan un esfuerzo adicional, sino sería injusto para quienes no", aseguró el presidente de la empresa Aubasa, Víctor El Kassir.
"No tenemos el concepto de que cobramos las obras, sí el de hacer la inversión para que quienes la utilicen; en este último año y medio, Aubasa no sólo cumplió con el 100 por ciento de las obras previstas en el contrato de concesión, sino que ha hecho aún más de las pautadas", puntualizó.
El titular de Aubasa informó que "hubo una propuesta de la Unidad de Control de Concesiones Viales para un suba del 33% en horario no pico, en tanto un 25% en horario pico".
La audiencia es uno de los requisitos fijados por el juez en lo Civil y Comercial de La Plata José Catoggio, quien al hacer lugar a un planteo judicial de la Defensoría del Pueblo provincial y la organización "Consumidores Responsables", objetó que el aumento del peaje se había dispuesto sin previa audiencia pública.
La propuesta de aumento que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el 14 de febrero establece un aumento en los peajes de Hudson y Dock Sud de la Autopista de 15 a 20 pesos para automóviles (categoría 2) en horario normal y de 20 a 25 pesos en hora pico, que va de 7 a 10 sentido a la capital federal y de 17 a 20, mano a Provincia.
En tanto que en la Autovía 2 la suba pretendida en las cinco cabinas lleva de 45 a 75 pesos para los peajes Samborombón, La Huella y Maipú, y de 65 y 70 pesos para Madariaga y Mar Chiquita, respectivamente.
El defensor
Por su parte, el defensor de Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se manifestó en contra de "audiencias públicas así como están planteadas" al considerar que son un procedimiento no vinculante que debe seguir el Poder Ejecutivo para fijar los aumentos de tarifas de los servicios públicos privatizados y la participación de los consumidores para opinar "es mera formalidad".
Lorenzino, sostuvo "no es oportuno otro aumento más, venimos de 16 meses de aumentos de tarifas y los salarios no crecieron en la misma proporción" y consideró inadecuado “cargar toda la falta de inversión y desarrollo no hecho durante los últimos años en los usuario que están siendo castigados en demasía".
"Por tratarse de una empresa del Estado podría hacer la inversión y esperar otro momento, cuando la situación mejore o cuando empiece haber una reactivación económica que permita que los salarios se recuperen y recién ahí empezar a gravar al bolsillo de la gente", argumentó el funcionario.
