Organizaciones contra el "gatillo fácil" intentaron escrachar a un juez en La Plata

Martes 29 Septiembre, 2020

Organizaciones contra el "gatillo fácil" intentaron escrachar a un juez en La Plata

Viernes 05 de Mayo de 2017

Se trata de Emir Caputo Tártara, uno de los que absolvió al policía que mató a Omar Cigarán por considerar que fue "legítima defensa". Fueron a buscarlo a la facultad.

El colectivo Contra el Gatillo Fácil intentó escrachar en la facultad de Derecho al juez Emir Caputo Tártara, uno de los magistrados que emitió su voto absolutorio de Diego Water Flores, el policía que mató a Omar Cigarán, el joven de 17 años, en Barrio Hipódromo, durante un intento de robo.

La organización concurrió a la facultad para escrachar al juez, quien además es titular de la cátedra de Derecho Procesal I, pero no pudieron hacerlo personalmente porque el magistrado no se hizo presente. Como reacción emitieron un duro comunicado en el que esgrimen la razones de la acción.

Omar Cigarán murió de un balazo en febrero de 2014 en su diagonlal 115 y 122 mientras intentaba robar una moto. Flores, quien estaba en el lugar, le disparó. Según el tribunal, en fallo dividido, lo hizo en legitima defensa.

El texto del Colectivo contra el Gatillo Fácil: 

"Como dijimos el día del veredicto, la justicia la construimos en la calle, pero también en las aulas. Allí fuimos a buscar a Emir Alfredo Caputo Tártara, titular de la cátedra de Derecho Procesal I de Derecho de la UNLP, donde legitima el sistema judicial que luego convierte en fallos cómplices de la policía y de su método, el gatillo fácil. El juez del Tribunal Oral Criminal N° 4, que hace menos de un mes absolvió al asesino Diego Walter Flores hoy no se presentó a dar clases. Hace menos de un mes, no dio la cara frente a los familiares de Omar para ver las consecuencias de su voto absolutorio. Caputo Tártara sigue huyendo.

El abogado y titular de la Cátedra II de Derecho Procesal I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, EMIR ALFREDO CAPUTO TÁRTARA, es también juez del Tribunal Oral Criminal Nº4 de La Plata, junto a Julio Germán Alegre y Juan Carlos Bruni. Su larga carrera en la justicia penal bonaerense no lo exime de un dispar desempeño en causas que implicaron crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas represivas bonaerenses, donde la justicia deja siempre a salvo el buen nombre de la institución.

Así, el 31 de marzo pasado encabezó con su voto la sentencia que absolvió al policía Diego Walter Flores por el asesinato de Omar Cigarán, de 17 años, en el barrio hipódromo en febrero de 2015. El Dr. Caputo Tártara creyó a pie juntilla la versión del policía de haber actuado en legítima defensa frente a un ataque armado, cuando varios testigos contradijeron tal afirmación. De esa forma el juez concibió al hecho como un ataque con un arma que nadie vio excepto el policía, y en un procedimiento plagado de irregularidades que están siendo investigadas por el fiscal Álvaro Garganta. Tras cartón, para comunicar el fallo, el Dr. Caputo Tártara se excusó de estar presente frente a la familia de Omar por un supuesto “problema en la pierna”.

Además, en marzo de 2010 el Tribunal Nº 4 absolvió de culpa y cargo a 3 oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados de violar y quemar vivo en 2004 al interno Luis Ángel Gorosito Monterrosa en la Unidad 29 de máxima seguridad de Melchor Romero. Gorosito se había atrevido a denunciar las habituales torturas y malos tratos en las cárceles bonaerenses y por ello sufrió represalias. En contraste a esa valentía, los jueces no se presentaron a leer el fallo y mandaron a la secretaria a poner la cara frente a los familiares: Bruni con la excusa de estar de viaje y Caputo Tártara por una supuesta afección en la garganta.

En el proceso privilegiaron la autopsia realizada por la perito médica de la Policía Bonaerense Silvina Cabrera, por sobre el dictamen de los peritos médicos de la Asesoría Pericial de La Plata, pese a que la Resolución 1390 de la Procuración General obliga a que las pericias, en casos donde se sospecha sobre agentes penitenciarios o policiales, no sean realizadas por peritos de la policía.