Organizaciones sociales y barriales de La Plata reaccionaron frente a la ordenanza aprobada esta semana que establece que, de ahora en más, no se podrán quemar cubiertas en las protestas callejeras y piquetes. La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante, despertó el repudio de referentes de movimientos populares, que acusaron a los funcionarios de atentar contra el derecho a la protesta y advirtieron que la medida intenta criminalizar sus reclamos.

En este marco, Mariano Marini,  coordinador de Barrios de Pie de La Plata, dijo a Infoplatense que la ordenanza forma parte de un "plan" que busca "demonizar" la protesta social. "Así como algunas organizaciones fueron denunciadas penalmente, ahora vemos esta ordenanza y un montón de pasos de parte del Municipio y el Concejo para demonizar la protesta en un contexto social cada día más difícil", denunció.

Al mismo tiempo, aseguró que lo que sucede en La Plata tiene réplicas a nivel Provincial y Nacional y dijo que, con este tipo de medidas, las autoridades "corren el eje de la discusión" para no llegar a "solucionar los problemas de fondo".

Por otro lado, criticó duramente los argumentos del concejal del Frente Renovador, Oscar Vaudagna, quien había asegurado que los motivos que impulsaron la ordenanza, “son sanitarios y no vinculados con un control de la protesta social”. Marini le contestó: "Con la excusa de lo ecológico ponen trabas a la protesta social. Si tienen intenciones reales de atacar la problemática ecológica los invito a ir a los barrios, donde hay basurales enormes a cielo abierto, que nadie los controla. Ahí tienen un problema mucho más grave que una cubierta. Eso pasa todos los días y es muy riesgoso", advirtió.

En ese mismo sentido se pronunció Ramiro Berdesegar, coordinador regional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien aseguró que los movimientos populares recibieron esta noticia con "mucha preocupación" y se expresó en la misma línea que Marini: "Ponen el pretexto de la ecología y nosotros, en los barrios, sabemos lo que es convivir con basurales; sabemos lo que es que no exista una política de recolección, sabemos lo que es que existan basurales a cielo abierto; sabemos lo que es que nuestros hijos tomen agua contaminada", denunció.

Por otro lado, dijo que la sanción de la normativa no es "un hecho aislado", sino que forma parte de un conjunto de acciones y decisiones que tienen como fin último criminalizar la protesta social. "Todo esto es parte de un plan nacional y provincial. La respuesta ante los reclamos pasa a ser la represión y la judicialización de nuestros compañeros. Todo esto en el marco de un país donde hemos vuelto a hablar de la desaparición forzada de personas, donde hay un desaparecido en democracia que estaba participando de una manifestación y donde hay funcionarios de seguridad involucrados, que estuvieron a cargo de esa represión", advirtió en alusión al caso directo de Santiago Maldonado.

Finalmente, Berdesegar denunció que la crisis en los barrios "se agudiza"  y que, día a día, se abren nuevos comedores, donde las organizaciones sociales actúan como contención dónde el Estado se ausenta. En ese sentido, dio un mensaje a las autoridades y advirtió: "No nos van a frenar. Vamos a seguir insistiendo porque las necesidades se agudizan. Vamos a seguir en la calle reclamando, aunque nos quieran poner un bozal. Somos organizaciones que no apoyamos al gobierno anterior, no apoyamos este gobierno y vamos a seguir en la calle", concluyó.