La Comisión Provincial por la Memoria criticó la baja de imputabilidad con fines electorales

Miércoles 24 Abril, 2024

La Comisión Provincial por la Memoria criticó la baja de imputabilidad con fines electorales

Jueves 10 de Enero de 2019

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó este jueves su preocupación y rechazo ante los anuncios del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad penal a los 15 años, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros.

Además, criticó la compra de armas para torturar, el incremento de la persecución del narcomenudeo y la profundización de las políticas de mano dura.

A través de un comunicado, desde la CPM advirtió que esas son “algunas de las acciones y anuncios del gobierno nacional en los últimos días” en el inicio de “un año electoral proponiendo medidas poco serias, sesgadas, demagógicas y de escaso impacto en la lucha contra el delito pero de alta incidencia en el menoscabo de derechos”

En tanto, resaltaron que “como se viene advirtiendo y denunciando, las políticas de mano dura impulsadas por el gobierno nacional y provincial provocaron la mayor crisis y colapso del sistema de encierro y graves violaciones de derechos humanos”.

“Han profundizado la tortura y la muerte ejercida por el Estado sobre sectores vulnerables de nuestro país y han sido acompañadas por un notable ajuste en las políticas sociales de promoción y protección de derechos”, detallaron desde la CPM.

Por esas cuestiones, la Comisión Provincial por la Memoria expresó su preocupación y rechazo “por los anuncios del gobierno nacional que profundizan políticas de seguridad  orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas”.

“Estas acciones carecen de sustento riguroso en datos o información fiable, no se piensan de manera integral a fin de resolver la cuestión de la seguridad y sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones. Constituyen una enorme irresponsabilidad institucional que profundiza graves violaciones de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables sin resolver la situación que se pretende”, argumentó la CPM.