La Comisión Provincial por la Memoria criticó la baja de imputabilidad con fines electorales

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó este jueves su preocupación y rechazo ante los anuncios del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad penal a los 15 años, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros.

Por: Infoplatense | 10 de Enero de 2019 | 17:04

Además, criticó la compra de armas para torturar, el incremento de la persecución del narcomenudeo y la profundización de las políticas de mano dura.

A través de un comunicado, desde la CPM advirtió que esas son “algunas de las acciones y anuncios del gobierno nacional en los últimos días” en el inicio de “un año electoral proponiendo medidas poco serias, sesgadas, demagógicas y de escaso impacto en la lucha contra el delito pero de alta incidencia en el menoscabo de derechos”

En tanto, resaltaron que “como se viene advirtiendo y denunciando, las políticas de mano dura impulsadas por el gobierno nacional y provincial provocaron la mayor crisis y colapso del sistema de encierro y graves violaciones de derechos humanos”.

“Han profundizado la tortura y la muerte ejercida por el Estado sobre sectores vulnerables de nuestro país y han sido acompañadas por un notable ajuste en las políticas sociales de promoción y protección de derechos”, detallaron desde la CPM.

Por esas cuestiones, la Comisión Provincial por la Memoria expresó su preocupación y rechazo “por los anuncios del gobierno nacional que profundizan políticas de seguridad  orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas”.

“Estas acciones carecen de sustento riguroso en datos o información fiable, no se piensan de manera integral a fin de resolver la cuestión de la seguridad y sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones. Constituyen una enorme irresponsabilidad institucional que profundiza graves violaciones de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables sin resolver la situación que se pretende”, argumentó la CPM.