En una votación dividida la Suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos Aires dio un duro golpe a usuarios de Gonnet y Villa Castells damnificados por el mal servicio que presta la empresa ABSA, una de las mayores beneficiadas por los tarifazos en los servicio públicos, autorizados por la gobernadora María Eugenia Vidal.

La Fiscalía de Estado, a cargo del radical Hernán Gómez, planteó ante la Corte la nulidad de la resolución dictada por el juez de Defensa de Usuarios y Consumidores de La Plata, Dante Rusconi, que ordenó a la empresa suspender el cobro de la tarifa de agua hasta que se demuestre que es apta para consumo humano y la entrega de agua potable en bidones, que los usuarios deben retirar de las delegaciones municipales de las mencionadas localidades.

En la polémica resolución hubo 3 posturas distintas. La minoritaria fue la del presidente de la Corte, Eduardo Néstor De Lázzari, quien entendió que el juez municipal actuó dentro de sus facultades y confirmó la sentencia en todos sus términos, pero ninguno de los restantes ministros lo acompañó.

Si bien la Corte anuló la decisión al hacer lugar al reclamo de la Provincia impulsado por la Fiscalía de Estado. No obstante, el alto tribunal resolvió al mismo tiempo que ABSA tendrá que continuar distribuyendo agua potable en bidones

a los usuarios afectados hasta tanto se regularice 17/11/2019 Quedó anulada la sentencia que favorecía a usuarios de Absa de Gonnet .

La causa judicial se había iniciado en 2016 anteun reclamo de los vecinos que denunciaron que el agua que suministraba ABSA no era potable por su gusto salobre.

Fue así que la denuncia se radicó en el juzgado de Faltas N° 2 de la Municipalidad especializado en defensa del consumidor, que dictó una medida cautelar en favor de los vecinos. Pero la Provincia no se quedó cruzada de brazos. Y a través de la Fiscalía de Estado impugnó la actuación de Rusconi por considerar que el organismo a su cargo carecía de competencia para intervenir en la causa al invadir potestades propias de la Provincia, en particular del Organismo de Control del Agua (OCABA) por ser la regulatoria del servicio.

A la demanda original impulsada por una vecina que dio origen a la causa, se sumaron luego otros 99 damnificados.