Se trata de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, que habían sido establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1 de noviembre de 2017 y firmado por Macri.

La denuncia fue presentada el año pasado por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, quienes se preguntaron en aquella oportunidad “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.

La causa

La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, quienes además están investigando al presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell’Acqua; el director ejecutivo y gerente de Termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de Control de Proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario y primo del Presidente Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa.

Central Puerto fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López; por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.

La central Barragán fue tasada por el Estado en más de 305 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.

Entre las irregularidades que mencionaron los diputados, se puede mencionar que "Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri".