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La Suprema Corte intimó a Vidal por la situación de los institutos de menores

Lunes 27 Mayo, 2019

La Suprema Corte intimó a Vidal por la situación de los institutos de menores

Sabado 11 de Mayo de 2019

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denunció condiciones de extrema vulnerabilidad para los menores bajo el sistema de protección legal y ordenó a la gobernadora María Eugenia Vidal que arbitre los medios necesarios para corregir la situación.

La Corte Suprema decidió atender un planteo de un grupo de jueces de familia del departamento judicial de La Plata y luego emitió un texto por el que “puso en conocimiento” de la gobernadora la situación, advierte que las malas condiciones en las que se encuentran estos niños, niñas y adolescentes “impiden el adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos del niño”.

Previamente, la Corte Suprema había también denunciado las condiciones de superpoblación de  las prisiones de adultos en la provincia y luego también planteado un reclamo por más fondos para el funcionamiento del Tribunal, configurando unas semanas de fuertes cruces con la administración de Vidal.

También fueron informados de la situación los intendentes Julio Garro (La Plata), Jorge Nedela (Berisso) y Mario Secco (Ensenada), para que también ellos tomen medidas que permitan revertir la grave situación de los institutos de menores.

Según detalla la Resolución 843 de la Suprema Corte, firmada por su presidente Néstor De Lázzari, enumera diversos problemas en las instituciones para menores bajo el sistema de protección legal, entre los que se cuentan “la inestabilidad e insuficiencia de personal, dependientes de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada”, el “ínfimo despliegue y la mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos” y “el repliegue de las dependencias municipales del área hacia la sede central y el incumplimiento sistemático de los plazos legales de la intervención asignada a los órganos administrativos”. También se denuncia la existencia de “conflictos gremiales que paralizan tareas en los servicios locales”.

Ante esta situación, el Máximo tribunal provincial constata un “agravamiento de la situación de riesgo y vulnerabilidad de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes cuya misión es proteger” y ordena implementar “las acciones positivas necesarias” para revertir la situación.