Además detectaron distintas maniobras de fraude eléctrico en la panadería de 18 y 33, en el Restaurant de 58 entre 11 y 12, en el salón de belleza de 122 entre 66 y 67, en una antena de una Radio local ubicada en un edificio de Avenida Arana y 1, y en otras dos antenas de Radio ubicadas en 185 y 72 y 185 entre 74 y 75. Sumado a esto, durante un operativo nocturno que se realizó durante el fin de semana, descubrieron conexiones clandestinas en el restaurante de 7 y 164, la casa de sepelios de Montevideo y 169 y en el bodegón de 9 entre 160 y 161, entre otros.

Según la empresa el fraude eléctrico puede presentarse por maniobras de adulteración de medidores o conexiones clandestinas que permiten un consumo ilegal de energía eléctrica. Este tipo de maniobras configuran delitos penales castigados por la ley y, además, se realizan sin considerar las medidas de seguridad indispensables, generando:

● Elevado riesgo eléctrico por electrocución o cortocircuitos que pueden generar incendios;

● Deterioro en la calidad del servicio, provocando cortes y baja tensión que perjudican a los inmuebles vecinos;

● Impacto económico para usuarios vecinos o para la prestación del servicio. Muchas conexiones clandestinas toman la energía de inmuebles linderos abultando sus facturas. Además quien no abona por el servicio hace un uso innecesario de un recurso de alto valor dado que generar, transportar y distribuir la electricidad requiere de importantes inversiones;

● Impacto ambiental, debido a que la electricidad es producida a partir de recursos no renovables o parcialmente renovables y derrocharla implica afectar al medio ambiente.

Los operativos los llevan adelante en toda la concesión y en diferentes horarios, incluso durante la noche y los fines de semana. En todos los casos han labrado las actas correspondientes y se realizan las tareas de desconexión de las instalaciones precarias, clandestinas y peligrosas que representan una situación de elevado riesgo eléctrico en la vía pública. 

La empresa asegura que está facultada a efectuar el cobro de la energía consumida y no registrada con retroactividad, más las penalidades que correspondan, según indica el contrato de concesión. Durante 2018 detectaron más de 1500 casos de fraude eléctrico, y en el corriente año se han intensificado los operativos de control y detección del consumo ilegal de la energía.