Después del “palazo” que, según Mauricio Macri, se descargó sobre el gobierno y sobre su persona en las primarias del 11 de agosto, el desconcierto, la melancolía y la ira ganaron al oficialismo por unos días. Fueron los momentos en que el Presidente culpó a los votantes por la reacción de los mercados y también por una devaluación del peso que, según otras miradas, estuvo más bien alentada por horas de deliberada inacción del Banco Central.

En cualquier caso, después de la depresión el gobierno empezó a recomponerse (“ahora estoy de pie y tomando medidas”, subrayó entonces Macri) y trabaja para reordenar sus filas, refidelizar a sus cuadros y votantes, estabilizar la situación y - ambicioso  objetivo de mínima - preservar la gobernabilidad hasta diciembre mientras proclama el norte  - probablemente inalcanzable-  de una recuperación electoral en octubre que posibilite forzar un ballotage en noviembre.

Dujovne y la profecía involuntaria

La baja más notoria del revés electoral fue Nicolás Dujovne. Su sitio en el gabinete estaba atornillado al vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Custodio de esa serie de acuerdos con la entidad, Dujovne entendió razonablemente que la derrota en las urnas terminaba de deshacer lo que ya venía deshaciéndose con sigilo bajo su propia gestión; Macri necesitaba formalizar medidas que demostraran que había escuchado el rechazo de las urnas a la situación económica y el ahora ex ministro no quería estar allí para avalarlas. A fines del año último él se había mostrado involuntariamente profético al ufanarse de la línea económica en marcha: “Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno”, dijo en aquel momento. Su marcha y las medidas que encaró el gobierno desmintieron la promesa oficial de corregir la política económica haciendo “lo mismo, más rápido”. La fórmula actual es, más bien, “distinto y urgente”.

Para hacerse cargo de la etapa final fue convocado Hernán Lacunza, un funcionario sobrio, eficaz y respetado. Lacunza llega al ministerio después de que se derritiera el hielo que separaba a Mauricio Macri de Alberto Fernández y que había aparentemente impedido una comunicación telefónica entre ambos.

Finalmente Macri llamó a su vencedor del 11 de agosto y a partir de allí las cosas empezaron a enderezarse. Fernández hizo una declaración sobre el valor del dólar que ayudó a calmar la volatilidad de la cotización y es probable que el nombre de Lacunza haya estado presente en los sucesivos diálogos entre el Presidente y su virtual sucesor, aunque el gobierno deteste naturalizar la transición y el propio triunfador se resista a ser visto como cogobernante (“Es Macri el que gobierna. Yo no tengo la lapicera, soy sólo un candidato. La responsabilidad es del Presidente”). En verdad, después del plebiscito del 11, y ante el hecho de que los requisitos que prevé la ley sólo se completan en varios meses,  la responsabilidad del tránsito pasa a ser compartida. La participación de uno y otro -la presencia y el tono- el jueves último semana, en el ciclo de conferencias auspiciado por el diario Clarín, es una señal óptima para los mercados y para los ciudadanos. De paso, esa reunión fue otra señal de que el “círculo rojo” ya da por irreversible la derrota oficialista (la visita del número uno de Mercado Libre a Alberto Fernández ya había constituido un signo elocuente del que la Casa Rosada tomó nota con amargura).

La calma del triunfador

El gobierno y el triunfador de las PASO empiezan a darle forma a un diálogo que no sólo envuelve a las cabezas (Macri y Fernández), sino a técnicos: quedó patente en el encuentro de Lacunza con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, dos influyentes economistas del equipo del triunfador del 11 de agosto.

La inminente llegada de los enviados del Fondo Monetario Internacional (que debe confirmar el aporte, previsto para septiembre, de casi 5.000 millones de dólares) erigirá un nuevo escenario que compartirán -cada cual en su rol- el gobierno actual y el “gobierno virtual”. Es probable que tanto desde la entidad financiera como desde el gobierno se pretenda presionar a los triunfadores del 11 de agosto para que proclamen coincidencias con los acuerdos firmados por ambos. No sería razonable esperar que eso ocurra. Si se admite que fue la marcha de la economía la causa principal del repudio electoral al oficialismo -como de hecho lo confirman Nicolás Dujovne al renunciar y el gobierno al tomar medidas que contradicen aquellos acuerdos-, parece justificado que los ganadores preserven la cuota de esperanza que la mayoría de los ciudadanos expresó al votarlos y no debiliten ese crédito asociándose a una experiencia que recibió el castigo de las urnas y fue abandonada en la emergencia por uno de los firmantes. Luce evidente que aquellos acuerdos merecen una renegociación y esa tarea recae sobre el gobierno en funciones (aunque éste deba atender la opinión del “gobierno virtual”).

Carrió no se resigna

El oficialismo, por su parte, tiene dificultades para encarar con cierta homogeneidad los desafíos que tiene por delante. El gobierno central debe priorizar el objetivo de llegar en buenas condiciones a cumplir su objetivo de mínima: ser el primer presidente electo no peronista que concluye su mandato desde 1938, cuando Agustín P. Justo le entregó el mando a Roberto M.Ortiz. Para lograrlo, debe dejar de lado o moderar marcadamente los ataques al adversario y la tendencia a pintarlo como peligroso, defaulteador o criptochavista, ya que, más allá de que esos rasgos chocan con la imagen que proyecta Fernández, sa descripción alarma a los mercados y vuelve más complicada la transición que el gobierno debe sobrellevar.

Pero si ese es el cometido del gobierno central, la coalición sobre la que se asienta necesita competir con eficacia y ganar en octubre la mayor cantidad de bancas y situaciones territoriales que pueda. En ese sentido, la lógica del gobierno se distancia de la lógica de la fuerza política.

Pero, además, entre quienes quieren competir con eficacia hay también divergencias de procedimiento. El sector más realista limita el campo de la competencia a la esfera de lo posible: no está dispuesto a gastar pólvora en chimangos o, más claro: no está dispuesto a jugar para que Macri gane (para ese sector,  una ilusión), sino a defender aquellos distritos donde se ganó o se perdió por poco. En la provincia de Buenos Aires hay comunas en las que Juntos por el Cambio se impuso en las PASO y necesita atornillar esa ventaja, y otras en las que se perdió por una diferencia que puede razonablemente ser remontada. En esos lugares, si es indispensable cortar boleta y vincular las candidaturas locales propias a la ola nacional que encumbró a Fernández, esos sectores se muestran dispuestos a hacerlo. Se alegran de que el gobierno haya abandonado el tono peleador y negacionista de las primeras horas (al que juzgan “piantavotos”) y lo haya cambiado por gestos de colaboración y por las medidas de alivio a la economía de la gente. En este bando hay políticos del Pro y también radicales.

Hay otro sector que, en cambio,  identifica voluntad de competir con “combate cultural” y en ese sentido privilegia la defensa testimonial de la “nueva etapa” y el ataque al adversario imputándole genéricamente los peores defectos que se le han atribuido -con o sin ecuanimidad-al kirchnerismo. El rostro indiscutible de esta línea es Elisa Carrió, que después del 11 de agosto ha acentuado sus rasgos pendencieros y lanza ataques contra extraños y propios (como el ministro Rogelio Frigerio); el denominador común de unos y otros parece ser su pertenencia u origen peronista.

Mauricio Macri ha decidido con prudencia que las figuras del gobierno se dediquen a la gestión y que la pelea política quede en manos de hombres y mujeres sin ministerios a cargo. En cualquier caso, deberá examinar si el tono de sus defensores político-electorales debe tener tan exagerada dosis de agresividad como le pone Carrió.

La sociedad empuja al centro

Lo que resulta interesante del curso de los acontecimientos, a casi dos semanas del pronunciamiento de las urnas es que -con pocas excepciones- las fuerzas se orientan hacia el centro, tanto en sus mensajes como en sus actitudes.

Hace algunos meses describimos en esta columna “la fuerza gravitatoria del centro”. Señalábamos allí que “al mismo tiempo que se diluye en términos de opción electoral autónoma,  el medio consigue ejercer una enorme atracción sobre las fuerzas que disputan la polarización. El sistema se reorganiza a través de la polarización, pero no sólo en virtud de ella, sino porque la demanda social tironea a todas las fuerzas hacia el centro y todas responden a fuerza de gravedad social, cada una con su propio estilo y moderando sus aristas más conflictivas”.

Más allá de conductas como las de Carrió,  los políticos con tradición y raíces territoriales del oficialismo procuran cumplir esa tarea en su costado. La suma de los gobernadores y el massismo alrededor de la candidatura de Alberto Fernández (sin excluir la actitud constructiva que ha adquirido la señora de Kirchner) contiene los eventuales pujos antisistema que pueden emerger en ese espacio. Quienes sospechan de la autoridad política de Fernández deberían, por caso, computar la disciplina que reina en ese sector, donde las figuras de peor imagen pública han sido persuadidas de las virtudes del silencio.

Después de octubre, cuando la virtualidad deje paso a la formalización legal, Fernández seguramente se moverá más al centro aún y convocará al sector que respaldó la fórmula Roberto Lavagna- Juan Manuel Urtubey a sumarse a una coalición de gobierno más amplia que el Frente de Todos; en ese marco, ofrecería seguramente a Lavagna un lugar en su gabinete.  El candidato triunfante ha proclamado su voluntad de ensanchar la base de su (hasta ese momento, eventual) gobierno incorporando otras fuerzas y figuras sin excluir a varias que están o estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri. La señora de Kirchner ya conoce esos planes en detalle, con nombre y apellido.

Esos factores están haciendo avanzar la transición, contribuyendo a que la responsabilidad prevalezca mientras el país debe andar, primero hasta octubre (formalización de la nueva situación política), después hasta diciembre (instauración del nuevo gobierno), por un estrecho desfiladero en el que los desequilibrios económicos todavía seguirán manifestándose y amenazando la gobernabilidad.