La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley que establece la expropiación de una serie de terrenos en el conurbano bonaerense para la construcción de cárceles. Pese a las diferencias planteadas por Juntos por el Cambio, el frente oficialista logró llegar a un acuerdo y dar los votos para que la medida sea tratada en el Senado. 

El proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación siete inmuebles ubicados en los partidos de Moreno (2), Quilmes (2), Merlo, La Matanza y Tigre. Allí el Gobierno construirá cárceles y alcaldías departamentales que tendrán por objetivo descomprimir la situación actual de hacinamiento, reconocida por el Ejecutivo, lo que motivó la declaración de la emergencia para el sector.

Una de las principales diferencias era la ubicación de los establecimientos carcelarios, sobre todo en aquellos distritos en donde la oposición tiene armados territoriales: uno de esos fue el que plantea la expropiación de unos terrenos en la ribera de Quilmes. Por tal motivo, solo dos diputados rechazaron la iniciativa: Guillermo Sánchez Sterli (Cambiemos) y Fernando Pérez (Cambio Federal).

De esta manera el proyecto pasó al Senado, que en caso de que se convierta en Ley el Gobierno tendrá 10 años para terminar la construcción de las cárceles, aunque reconocieron que el problema requiere soluciones inmediatas. Con respecto al financiamiento, trascendió que el Gobierno bonaerense tiene garantizado fondos de Nación. 

Durante la sesión, el diputado oficialista Jorge D'Onofrio explicó que el 70% de los internos del servicio penitenciario vive en el tercer cordón del Conurbano. "Uno de los principios de esta ley es ubicar a los internos cerca de sus familias porque consideramos que la familia es uno de los puntales para resocializarlos".

La iniciativa señala que entre 2016  y 2019 “se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de su libertad”, pasando de 35 mil a 49 mil presos, con una tasa de prisionalización (detenidos cada 100 mil habitantes) que subió de 240 a 308, sin demasiados cambios en la cantidad de plazas disponibles.

En los considerandos, además, se destaca que esta circunstancia “elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento”, por lo que “el Estado provincial se encuentra impedido de garantizar los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.