Jueves 20 Febrero, 2020

La Provincia suspendió por seis meses el pago de multas a compañías eléctricas

Domingo 09 de Febrero de 2020

El Gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión del pago de multas aplicadas a las empresas eléctricas por deficiencias en el servicio, que ya habían sido aplazadas por la gestión de María Eugenia Vidal.

La decisión fue incluida en una resolución del Oceba que oficializó la suspensión de los aumentos por 180 días, publicada ayer en el Boletín Oficial. El beneficio fue acompañado por una polémica medida que dispone la "postergación del pago de las penalidades" aplicadas en el marco del contrato de concesión, que hacen referencia a multas aplicadas por la mala prestación del servicio.

Según la resolución, las multas suspendidas corresponden a las aplicadas durante el segundo semestre de 2019, y ya habían sido aplazadas por la administración de María Eugenia Vidal. La nueva norma también incorpora aquellas penalidades que fueran a disponerse en los próximos meses.

Oficialmente se precisó que ello no implica que las multas se perdonen, sino que su pago se aplazará para los meses de junio (las correspondientes al segundo semestre de 2019) y diciembre (aquellas que se apliquen en la primera mitad de 2020).


Continúa un polémico recargo

Por otro lado, la resolución de Oceba dispone la continuidad de un polémico recargo aplicado durante la administración Vidal: el Incremento de Costos Tarifarios (ICT), una suba extra sobre el consumo eléctrico para cubrir un desfasaje en el costo de distribución, generado a partir del desdoblamiento de la aplicación de los aumentos de tarifas, decidido por el Gobierno anterior.

Se trata del pago prorrateado del Valor Agregado de Distribución (VAD), que calcula el costo que tienen las empresas para brindar el servicio eléctrico domiciliario. El desfasaje se produjo porque la administración Vidal autorizó dividir las subas para amortizar su impacto, aunque permitió que luego ese monto se recupere con facturas posteriores.

Según se explicó, este cargo no puede anularse porque representa el recupero de fondos que ya habían sido comprometido. De todos modos, el ICT solo continuará hasta "recuperar las diferencias" generadas. (DIB)