El pasado 16 de junio se cumplió un año de la interrupción eléctrica que sumió al país en las penumbras. Una semana más tarde, en la ciudad de La Plata, un apagón de más de 50 horas afectó la vida y economía de más de 50 mil personas, principalmente de la zona norte del partido. Al día de hoy Rogelio Pagano, dueño de la distribuidora EDELAP SA y de las restantes cuatro empresas energéticas de la provincia, sigue sin brindar explicaciones a los usuarios y usuarias del servicio mientras mantiene su poder intacto. 

La empresa controlante de EDELAP, Desarrolladora Energética SA (DESA) a través de su presidente Rogelio Pagano, lidera un entramado de sociedades con terminales en Montevideo y hasta en Londres. Asimismo, Pagano figura en la lista de fugadores con un monto de 5.9 millones de dólares. 

Hagamos un poco de historia. En los años 90, las políticas neoliberales avanzaron a velocidad privatizando la empresa de energía eléctrica nacional SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) y la empresa provincial ESEBA (Empresa Social de Energía de Buenos Aires). De dicho proceso surgen las cuatro empresas de distribución de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires por fuera del área metropolitana: EDELAP SA, EDEN SA (norte de la provincia), EDEA SA (centro-este) y EDES SA (centro-sur).

Con la promesa de un servicio eficiente, el marco regulatorio impulsado por el estado neoliberal defendía la segmentación de las empresas públicas. Dado que la distribución de energía eléctrica es un monopolio natural, es decir sería antieconómico que existan dos o más empresas en el rubro, la idea era que intervengan distintas empresas en los pedazos de las privatizadas para que ninguna logre una posición dominante. 

Este esquema voló por los aires cuando el poder político se subordinó al poder empresario. Así las cosas, con favor de la gobernadora Vidal, en el año 2017 DESA adquirió EDELAP completando la concentración de las cuatro empresas de distribución de la provincia. Transacción que contó, paradójicamente, con la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De acuerdo al especialista Federico Basualdo, actual interventor del ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) la expansión de DESA resulta contradictoria con el marco regulatorio vigente.

El incremento de las tarifas de energía eléctrica en el gobierno de Cambiemos fue violento, injustificado y por demás dañino. Solo en el año 2016 las tarifas de energía aumentaron un 462%, para el caso de EDELAP y un 227% en el caso de EDEA (IDESBA, 2016). Entre los años 2015 y 2019, las subas (autorizadas por el OCEBA) alcanzaron un incremento del 5.600% y 2.100%, respectivamente. Incluso más, María Eugenia Vidal dejó de regalo un aumento de tarifas para enero del 2020, suspendido por el gobierno Kicillof.

La contracara del extraordinario negocio de EDESA es un servicio deficiente. La desinversión se hizo visible con la falta de mantenimiento del cable que une Dock Sud con La Plata que causó el apagón en La Plata y en el aval político de Cambiemos para la construcción de una posición dominante en el mercado. 

Las carencias en el servicio eléctrico y las irregularidades en la concesión ofrecen una oportunidad para que la ciudadanía pueda debatir qué tipo de empresa prestataria es conveniente. ¿Por qué no pensar en una empresa eléctrica de mayoría estatal como YPF o una sociedad de estado como es INVAP? ¿Cómo garantizar la participación de los usuarios y las usuarias? El esquema de empresas mamushkas, subsidios estatales, falta de inversiones y fuga de ganancias atenta contra el servicio y es un obstáculo para el desarrollo económico provincial.

La pandemia y sus efectos económicos requiere transformaciones estructurales, medidas profundas y prioridades claras. En ese sendero las empresas de distribución de energía eléctrica se presentan como un eslabón central para el empleo, la producción y los ingresos familiares.