Los líderes del oficialismo provincial agitarán el debate y movilización de las bases, tanto en las unidades básicas del peronismo y los centros partidarios, como en los sindicatos y distintas instituciones alineadas al kirchnerismo. El objetivo de corto plazo será darle volumen a una futura manifestación de respaldo, mientras que en el largo plazo buscarán instalar como estrategia política que “la democracia está en peligro”.

Así se conoció luego de la conferencia de prensa brindada en la Legislatura Bonaerense, donde los bloques oficialistas de ambas cámaras afirmaron que el fallo emitido ayer por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 es parte de "un activismo judicial" que exhibe un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces "con sectores políticos que ponen en jaque al sistema republicano de gobierno".

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que el veredicto del juicio de la causa Vialidad representa "un ataque a la líder popular más importante y la dirigente más importante que tiene el país".

"A Cristina la persiguen porque generó ascenso socia en la Argentina. Vamos a defender a los dirigentes populares. Creemos que el fallo ha sido injusto. Es hora de aunarnos, el pueblo junto a sus dirigentes para decirles basta al poder económico", apuntó.

Por su parte, la senadora provincial Teresa García, aseguró que "es una condena absurda, inconsistente" dirigida a una figura política que "es la única que se dedicó a confrontar con el poder".

Durante el encuentro con la prensa, García recordó la difusión de chats en los cuales magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaban cómo dar una versión falsa sobre un viaje que habían realizado a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

"Es la evidencia de la existencia de un sistema paraestatal que atenta contra las instituciones y de un sistema paralelo mafioso. "Esto tiene una cabeza y se llama Héctor Magnetto", señaló la senadora en referencia al titular del grupo Clarín.

Y en ese sentido apuntó que la condena a Cristina Fernández de Kirchner "no es una cuestión jurídica, sino que se trata de "algo político, donde existe un interés económico".

"Cuando un gobierno popular decide confrontar con el poder aparecen estas cosas. A veces salían los tanques. Ahora van mejorando las formas, pero en el fondo siguen siendo perversos en el fondo", resaltó García.

Por su parte, el diputado César Valicenti, resaltó que "todavía no se toma la dimensión de los hechos", y señaló que "lo más grave es el revólver en la cabeza de la vicepresidenta", al recordar el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.

"No nos tenemos que olvidar de ese hecho y todos los días debemos exigir justicia para saber quienes fueron los autores intelectuales que financiaron este hecho", sostuvo el legislador del FdT.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, afirmó que "atacan a Cristina porque no la pueden comprar".

"Le pusieron un revólver en la cabeza por cadena nacional y tiempo después (ella) se paró acá en La Plata, en el estadio Diego Maradona ante 50.000 personas. No hay manera que el poder logre disciplinarla. Con mafia no habrá futuro en la República Argentina. No se dan cuenta de todo lo que se viene. Muchas veces dieron por muerto al peronismo, y no se dan cuenta que viene con mucha fuerza desde atrás", puntualizó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner reaparecerá públicamente el próximo lunes tras la condena judicial que sufrió en la causa Vialidad y su “renunciamiento” a ser candidata en 2023. Lo hará en el marco de una cumbre del Grupo de Puebla que sesionará en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde podría estar acompañada por el presidente Alberto Fernández. El encuentro comenzará a las 18.30.

Lo conformaron fuentes cercanas a la vicepresidenta, las que además revelaron la incipiente organización de una marcha de apoyo a Cristina Kirchner para ese mismo día, a cargo de referentes bonaerenses del oficialismo. Hasta ahora, la titular del Senado se había mostrado reacia a fomentar la movilización antes del fallo que la terminó condenando a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.