El Gobierno bonaerense autorizó un nuevo aumento del 11% en los colegios privados de la provincia desde noviembre, a partir del pedido de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (Aiepba), que había solicitado una actualización debido al desequilibrio que se produjo en el último tiempo entre el incremento de los salarios docentes y las tarifas de los colegios.
De hecho, el representante de Aiepba, Martín Zurita, cuestionó: “Otra vez esta autorización para una mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y los salariales en particular, que deben afrontar las escuelas”. Al tiempo que advirtió sobre la difícil situación de unos 30 colegios que se encuentran en riesgo de cerrar sus puertas ya que no pueden afrontar los costos.
Según las estimaciones de Aiepba, la entidad que agrupa a unos 2.300 centros de enseñanza de todos los niveles en PBA, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311%, los incremento salariales que se dieron en paritarias acumuló 364% y los aranceles subieron 268%.
En ese sentido, Zurita explicó que “cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos de las instituciones que presentan severas dificultades para funcionar” y agregó: “En menos de dos años, la capacidad operativa económica de los centros educativos de gestión privada perdieron 43% en relación con la inflación de ese período”.
Cabe destacar que el último aumento autorizado tuvo lugar en septiembre. Si bien en un principio, las cuotas iban a subir un 9% en el noveno mes del año, el Gobierno de Kicillof luego habilitó un adicional del 5,4% para que el incremento permitido en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior alcanzaran el 14,4%.
Pese al aumento que se aplicará en noviembre, la institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios privados de la provincia reclamó que “los topes arancelarios se ajusten adecuadamente para garantizar el servicio educativo en los institutos” y para ello propuso la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. “Esto permitiría ajustarlos de manera automática, en respuesta a los incrementos de los salarios docentes”, argumentaron.
