Una vez comenzado el próximo mes, los contratos de alquiler que se firmaron en abril de 2021 y abril de 2022 tendrán una actualización del 92,06%, tal como lo marca la vigente Ley de Alquileres N° 27.551, que toma como referencia la evolución de la pauta inflacionaria y de la suba salarial.

Durante el período febrero 2022-febrero 2023, la suba interanual superó el 102%, es decir que para el mes de abril los propietarios quedarían 10 puntos por debajo de la inflación teniendo en cuenta el índice de actualización que se aplica actualmente, por lo cual existe un descontento generalizado en todas las partes.

Además, la martillera Gisela Agostinelli, en diálogo con El Día, explicó que “los contratos con la ley anterior quedaron atrasados y al vencerse cuando se va a realizar un nuevo contrato no baja del 100% para estar a la par de las subas que tuvo el sector con la ley de alquileres y la inflación que tuvo el país”.

La referente del mercado inmobiliaria sostuvo que “prácticamente no hay conflictividad” entre las partes a pesar de los altísimos índices de actualización que se conocen mes a mes y comentó que “ante algún caso que un inquilino pueda plantear una rebaja, los propietarios se ajustan a la ley y no dejan margen para la negociación”.

En tanto que la martillera platense Mariana Valverde destacó que “la contracara positiva que observamos es que están ingresando más propiedades para alquiler, situación que no sucedía hace meses” y agregó: “Si bien están 10 puntos abajo de la inflación el índice se vuelve más realista y por ende los locadores confían en que los ajustes anuales serán razonables y eso provoca un aumento paulatino de la oferta”.

Todo el sector inmobiliario se encuentra a la expectativa de una modificación en la Ley 27.551, aunque no parece una prioridad para el Congreso en pleno año electoral. La normativa sancionada en junio de 2020 estableció que los contratos deben durar tres años, con ajustes anuales, utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).