Mientras se llevaba adelante la investigación judicial por el hackeo al ex ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, se supo que el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata, Luis Esteban Barbier, también fue víctima de una operación de inteligencia realizada desde Misiones con el objetivo de ingresar a las líneas de diferentes actores políticos.

Hasta el momento, el secretario municipal de 47 años no se expresó respecto a la vulneración de sus datos personales. Luis Barbier es un abogado graduado en la UNLP que tiene un Máster en derecho administrativo en la Universidad Austral y, desde el año 2016, se encuentra al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad de La Plata con un fuerte apoyo de Julio Garro.

Según deslizaron fuentes judiciales, Antonio Aquino (30) estaría detrás del hackeo de una lista que incluye a más de diez políticos entre los que se encuentran Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli. El sujeto en cuestión es dueño de un local dedicado a la venta y reparación de celulares en El Dorado, Misiones.

Aquino habría estado al frente de una operación de inteligencia que estaría vinculada a funcionarios de la localidad de El Dorado. Sin embargo, no es el único acusado ya que la Justicia entiende que el comerciante actuó junto a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro (padre e hijo), Julio César Escobar y Cecilia Mercado, todos radicados en la tercera ciudad más poblada de Misiones.

El hackeo a las diferentes figuras políticas tuvo lugar el 19 de octubre del año pasado. Los investigadores determinaron que la maniobra se realizó mediante el SIM Swap, un mecanismo utilizado para tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo sin el consentimiento de su titular.

Los acusados serán citados a indagatoria en los próximos días para responder ante las acusaciones por delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, y suplantación digital de la identidad. Si la Justicia logra probar que también existió una asociación ilícita, los cinco acusados podrían terminar detenidos.