En la jornada de ayer, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida popularmente como “La ruta del dinero K”, que investiga si hubo vinculación entre la, por entonces, Presidenta y el empresario Lázaro Báez, condenado por maniobras de lavado de dinero.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla”, planteó Marijuan en su presentación al juez federal Sebastián Casanello.

En esa línea, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a la “debilidad  probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza”.

A su vez, señaló que la escena de la actividad ilícita está centrada en la evasión fiscal del patrimonio Lázaro Báez dejando de lado el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento. Mientras que tildó de “erróneos” los fundamentos de los jueces del máximo tribunal penal sobre el origen ilegal de los fondos.

De todas formas, Marijuan manifestó no tener “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez” y detalló que hubo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años entre teléfonos del empresario y de la actual vicepresidenta y/o sus secretarios. Por lo cual, insistió en que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Recordemos que CFK fue imputada formalmente en 2016 luego de la declaración indagatoria presentada por Leonardo Fariña en su carácter de imputado colaborador. En el cierre de su presentación judicial, el fiscal concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.